MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Lo ha hecho a través de un escrito de acusación, de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita a la vez que se suspenda como fiscal a García Ortiz durante tres años, la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y 81.000 euros de multa.
Respecto a la otra procesada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el ICAM considera que es "cooperadora necesaria" de la presunta revelación de secretos, por lo que pide para ella tres años de prisión, suspensión de empleo por dos años y multa de 27.000 euros.
El ICAM sostiene que García Ortiz y Rodríguez, "amparándose como norma de cobertura en el deber de informar a la opinión pública sobre acontecimientos relevantes, y con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo, eran conscientes de que se estaba lacerando el secreto profesional, la guarda del debido secreto de los asuntos reservados conocidos por razón de su cargo y los derechos del justiciable".
"Los acusados tenían deber de guardar secreto, no revelando información sensible --como es la atinente a hechos punibles y participación-- de la que tenían conocimiento por razón de sus respectivos cargos, y que no deberían haber divulgado", advierte.
A su juicio, el fiscal general y la jefa de la Fiscalía de Madrid actuaron "con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad" y "eran conscientes" de que "estaban trascendiendo a la opinión pública elementos confidenciales sobre responsabilidad penal y autoría --conocidos por razón de sus respectivos cargos-- que afectaban de pleno al derecho de defensa del afectado".
DAÑO REPUTACIONAL Y A UN PROCESO CON GARANTÍAS
El ICAM se refiere a los datos ofrecidos en la nota informativa difundida por la Fiscalía en la que se exponía el cruce de conversaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba, así como "la difusión del correo" en el que su abogado ofrece que reconozca dos delitos fiscales a cambio de un pacto.
"La filtración del correo y la emisión de la nota informativa, amén de perjuicios reputacionales de índole social y económica, han supuesto una merma del derecho al proceso con todas las garantías de Alberto González Amador", señala en el escrito de acusación.
Al respecto, responsabiliza a los acusados de haber "minado la credibilidad" de la Fiscalía y los principios de objetividad, imparcialidad y confianza que "han de presidir cualquier contacto de los profesionales de la abogacía con el Ministerio Público".
"Cualquier filtración, además del daño reputacional y la consiguiente lesión de derechos subjetivos, influye sustancialmente en el desarrollo del proceso con todas las garantías. La revelación de la información atenta al instituto de la conformidad y, por tanto, al derecho de defensa como derecho fundamental; siendo el daño irrogado cierto, real y efectivo", apostilla.
Además, el ICAM hace hincapié en que García Ortiz, "consciente del riesgo probatorio que corría en su contra, y con el fin de entorpecer la indagación judicial que preveía inminente, procedió a eliminar de la aplicación WhatsApp todos sus mensajes".
Y que días después --añade-- cambió su terminal de telefonía móvil, así como que "procedió a eliminar de su cuenta particular con dominio gmail.com todos los correos electrónicos", mensajes que "no han podido ser rescatados".
