MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
En una providencia dictada este mismo lunes, el instructor sostiene que el escrito presentado por el Gobierno de Navarra, "en extremo lacónico, omite efectuar referencia alguna a qué concretos hechos (y/o eventuales figuras delictivas), de entre los que conforman el objeto de la presente causa especial, determinarían la condición de víctima o perjudicado" del Gobierno autonómico.
Fue el pasado viernes cuando el Gobierno de Navarra celebró una sesión extraordinaria para acordar su personación como acusación en la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos, después de que trascendiera el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que la presunta trama conformada por Ábalos, Koldo y Cerdán actuó también en Navarra.
Los agentes sitúan a Cerdán como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra --su área de influencia-- y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.
El informe se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación de este trío fue fluctuando: en un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos --ya defenestrados-- le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.
La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.
Al margen de dicho informe, los agentes encontraron en el registro realizado el pasado 10 de junio en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola un documento que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública. Los investigadores precisan que se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
El pasado miércoles, Ramón Alzórriz presentó su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra tras las investigaciones de la UCO. Alzórriz informó en una rueda de prensa de que su pareja ha trabajado en la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de las obras de los túneles de Belate y de la que, según ha trascendido este miércoles, la UCO apunta que Cerdán era propietario del 45%.
