GASTO MILITAR Y DEMOCRACIA
Cercado por la corrupción, el presidente del Gobierno ha recurrido a su enésima maniobra populista para intentar desviar el foco de la atención pública y al mismo tiempo consolidar el respaldo de las fuerzas antisistema (separatistas y de extrema izquierda) que le otorgaron la investidura hace dos años. Sánchez remitió el miércoles pasado una carta al secretario general de la Alianza Atlántica en la que muestra su absoluto rechazo a que la inversión de nuestro país en defensa supere el 2% del PIB. Anticipó así la posición de España en la cumbre de la Alianza que comenzará hoy en La Haya, y su distanciamiento del consenso europeo sobre la materia. El secretario general de la OTAN le ha respondido que el objetivo del 3,5% en defensa (y un 1,5% adicional en seguridad) para 2035 es el mismo para todos los Estados, aunque estos tienen flexibilidad para elegir su propia ruta para alcanzarlo.
La iniciativa es una decisión unilateral y personal de Sánchez que, fiel a su estilo autoritario de gobernar, ha prescindido por completo del Parlamento. En este contexto, lo de menos es la referencia fetichista a la cifra del 5%. El debate debe girar en torno a la necesidad de incrementar el esfuerzo global de cada país, de reforzar sus capacidades militares, de fortalecer una industria europea de defensa y de avanzar en la integración político-militar de Europa. Ahora bien, lo que importa subrayar es que, en un Estado democrático, ese debate debe tener lugar en el Parlamento. El Parlamento debe debatir nuestra política de defensa y seguridad y determinar el esfuerzo económico que como sociedad estamos dispuestos a hacer en este ámbito. El debate presupuestario anual es el foro constitucionalmente previsto para ello.
El problema es que nuestro sistema se ha deslizado peligrosamente hacia el autoritarismo y Sánchez gobierna sin el Parlamento. En la cumbre de la OTAN, el presidente no expondrá la posición de España, sino únicamente la suya propia. Y ello porque en España, en flagrante violación de la Constitución, ni ha habido ni habrá debate presupuestario.
La decisión del Gobierno de Sánchez de no presentar a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, incumpliendo así un mandato constitucional expreso (art. 134. 3 CE), ha sido una agresión sin precedentes al Parlamento y ha puesto en cuestión el principio de legitimidad democrática que fundamenta a nuestro Estado constitucional. El debate y votación anual del proyecto presupuestario es la ocasión en la que las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, reflejo del pluralismo político, pueden optar por renovar su confianza en el Gobierno o retirársela; y, además, llevar a cabo un debate sobre las distintas políticas públicas a partir de las prioridades presupuestarias, y sobre los porcentajes de gasto dedicados a ellas. La no presentación del proyecto de Presupuestos ha neutralizado a la oposición política y la ha privado de su derecho constitucional a controlar al Gobierno y, en su caso, retirarle su confianza. Se ha producido así una mutación constitucional en virtud de la cual lo que era una obligación (presentar el proyecto) se ha convertido en una mera opción. Se trata de una mutación inaceptable e injustificable porque contradice la literalidad del artículo (“deberá presentar”) y es incompatible con el principio democrático. La mutación supone una violación gravísima de la Constitución y, de consolidarse, permitiría a cualquier Gobierno en el futuro actuar del mismo modo autoritario.
Todo lo anterior, siendo grave, lo es aún más en un contexto como el actual, en el que se han reasignado los recursos estatales priorizando el gasto y la inversión en defensa. Las partidas dedicadas a la defensa nacional suponían el año pasado un 1,4% del PIB. Ante la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de abril un gasto adicional de 10.471 millones de euros para que España alcance este año una inversión anual equivalente al 2% del PIB en defensa.
De la misma manera en que Sánchez acordó unilateralmente ese incremento, se opone ahora al objetivo de la Alianza de aumentarlo al 3,5% de su PIB (al que se sumaría un 1,5% complementario en seguridad). La posición de España no ha sido debatida democráticamente en el Parlamento.
En este contexto, y desde un punto de vista histórico, resulta obligado subrayar no solo la estrecha vinculación existente entre el origen del presupuesto y el nacimiento de la democracia parlamentaria -como recuerda Eloy García-, sino concretamente entre el gasto militar y el parlamentarismo moderno. Mucho antes de que el Parlamento inglés alumbrara en el siglo XVIII el modelo constitucional de presupuesto anual, en los orígenes de las Cortes medievales estaba la necesidad del Rey de recaudar fondos para sufragar los costes de sus empresas bélicas. En los orígenes del Estado moderno, los primeros representantes de las ciudades acudían a los Parlamentos para autorizar el establecimiento de unos tributos para financiar la guerra.
No puede sorprender por ello que la Edad Contemporánea se iniciase con dos revoluciones -la norteamericana y la francesa- cuyo común denominador fue el rechazo a una imposición tributaria sin consentimiento de los representantes de los contribuyentes.
Por lo que se refiere a la historia del parlamentarismo europeo del siglo XX, no es exagerado afirmar que las dos votaciones de mayor relevancia histórica por sus funestas consecuencias fueron las que tuvieron lugar simultáneamente el 4 de agosto de 1914 en París y Berlín. Los Parlamentos de dos regímenes políticos de naturaleza tan opuesta como la Tercera República Francesa y el autoritario II Reich alemán aprobaron los créditos de guerra para financiar un rearme masivo que desembocó en el inicio de las hostilidades ese mismo verano y en la gran tragedia de la guerra civil europea (1914-1945). Los diputados socialistas de ambos países votaron a favor, anteponiendo el vínculo de la solidaridad nacional al del internacionalismo proletario. En este somero repaso histórico, es obligado también recordar -para compararlo con lo que está ocurriendo ahora en España- que en los aciagos años 1917 y 1918, cuando el autoritario II Reich alemán había degenerado ya en una dictadura militar comandada por Hindemburg y Ludendorff, el Parlamento alemán siguió reuniéndose para votar (anualmente) los créditos de guerra que revestían forma de ley parlamentaria.
El mayor paralelismo con lo que está ocurriendo ahora en España lo encontramos en el célebre “conflicto constitucional prusiano”. Estando vigente la Constitución de 1850, el Parlamento prusiano rechazó la propuesta del canciller Bismarck de aumentar el servicio militar a tres años y el incremento de las partidas dedicadas al Ejército, y votó en contra del proyecto de presupuestos. La autoritaria respuesta del conocido como Canciller de Hierro fue aprobar durante varios años los presupuestos por decreto.
La Constitución delimita con claridad las competencias que sobre la materia “defensa nacional” corresponden al Gobierno y a las Cortes, respectivamente. El artículo 97 atribuye expresamente al Gobierno de la nación las funciones de “dirección de la administración militar y de la defensa del Estado”. Se atribuyen al Gobierno como órgano colegiado y no unilateralmente a su presidente. Ahora bien, esa dirección se ejerce además bajo control parlamentario y no puede desarrollarse en contra o al margen del Parlamento. La Ley Orgánica de Defensa Nacional -aprobada en 2005- subraya que “corresponde a las Cortes debatir las líneas generales de la política de defensa”. Se trata de un marco normativo similar al existente en otras democracias parlamentarias. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país el Parlamento está completamente ausente del gran debate sobre el futuro de nuestra seguridad colectiva. Se trata de una situación más propia de sistemas autocráticos de gobierno que de una democracia parlamentaria.
