VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ahora condenado, defendido por la letrada Ana Mejías, se acercó hasta la casa de la víctima sobre las 21 horas de ese día y accedió a la vivienda por una puerta que se encontraba abierta, entre el jardín y la cocina, de lo que tenía conocimiento dado que, tiempo atrás, había mantenido una relación sentimental con la hija de la víctima. En ese momento, le propinó las puñaladas que acabaron con su vida.
Además de la prisión, por vía de responsabilidad civil, el ahora condenado deberá indemnizar a la madre de la víctima, una anciana de 93 años, con 50.570 euros; a cada una de las hermanas del fallecido con 18.973 y a la hija con 63.212, según consta en la sentencia, consultada por Europa Press.
De esta forma, el magistrado-presidente del tribunal del jurado le impone 20 años de prisión por asesinato y allanamiento de morada, sin que concurran circunstancias atenuantes de la responsabilidad, atendiendo a una serie de circunstancias para individualizar la pena.
Entre ellas, que el acto cometido por el acusado no respondió a un "impulso instantáneo", sino que --con mayor o menor extensión temporal-- implicó una planificación y un sostenimiento en el tiempo y que aprovechó la información de que disponía cuando mantuvo una relación sentimental con la hija de la víctima sobre los hábitos familiares de no cerrar determinadas puertas de acceso a la vivienda en la que residía.
Asimismo, ha tenido en cuenta que el ataque se produjo de manera sorpresiva a una persona con hipoacusia profunda, en un entorno familiar y aparentemente seguro, cuando la víctima se encontraba sentado en el sillón en el salón de su casa en horas vespertinas y sin tener "ningún reparo" en que estuviera presente la madre del exsuegro, de 93 años, y la posible afectación que pudiera ello suponerle, pese a su avanzada edad y estado mental.
Además, el acusado aseguró el resultado letal de su acción propinando hasta 22 heridas de arma y no ha mostrado a lo largo del procedimiento arrepentimiento alguno.
El magistrado-presidente del tribunal popular subraya que la convicción del Jurado se erige "sobre prueba de cargo válida y sometida a contradicción, sin que haya expresado dudas acerca de los hechos que considera probados, por unanimidad".
El fiscal había pedido 20 años de prisión, mientras que la acusación particular reclamaba la prisión permanente revisable y la defensa solicitaba la absolución.
