MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) efectuada el pasado agosto --como parte del acuerdo para renovar el CGPJ-- estableció que el nuevo Consejo elaboraría en el plazo de seis meses "un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados".
Conforme fija la ley, la propuesta "será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación".
El plazo vence este jueves pero en estos meses ha sido imposible que los bloques conservador y progresista del CGPJ --con diez vocales cada uno-- se pusieran de acuerdo para alumbrar una propuesta que requería al menos 13 votos para ser aprobada. De hecho, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, las negociaciones entre los cuatro vocales que forman el grupo de trabajo creado específicamente para este cometido se rompieron a principios de enero.
Desde entonces, de acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press, los contactos continuaron con conversaciones informales entre vocales de ambos bloques hasta que 'in extremis' --el martes-- pactaron aprobar dos documentos por unanimidad: el primero, el informe sobre los sistemas europeos; y el segundo, con las dos propuestas.
Las citadas fuentes indican que así ha sido, aprobándose por unanimidad los dos documentos, uno de los cuales contiene ambos informes --el redactado por el bloque conservador y el firmado por los vocales progresistas--.
Desde el CGPJ destacan que este acuerdo "evidencia que no hay una solución única y que ambas propuestas se adaptarían a los estándares europeos" porque éstos "admiten una variedad de soluciones", siendo por tanto "igualmente válidas en función de su eficacia para garantizar la independencia judicial".
Asimismo, ponen el acento en la intervención de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, cuyo papel --aseguran las referidas fuentes-- ha sido "clave" para poder cumplir en plazo el mandato legal.
En un comunicado, el CGPJ ha justificado que se hayan emitido dos propuestas, en vez de una sola, con el hecho de que durante su visita a España del pasado 18 de septiembre el que entonces era el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, dijo que lo idóneo sería que el CGPJ diera "distintas opciones" para facilitar el acuerdo. "Si solo propones una opción, será difícil a las fuerzas políticas decir sí o no. Pero si propones varias será posible dialogar", señaló.
Resalta asimismo que esta doble propuesta "refleja la pluralidad de opiniones existente en el órgano de gobierno de los jueces e incluye alternativas que contemplan modelos con la intervención del Parlamento en la elección de los vocales de procedencia judicial y otros sin participación del Legislativo ni del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección, opción esta última que parte del Pleno considera más acorde con los estándares europeos".
Los vocales también han acordado elevar ambas propuestas a la Comisión de Venecia "para que emita opinión", de acuerdo con la nota de prensa del CGPJ. En este punto también hay fricciones --avisan las fuentes--, ya que el bloque conservador busca que el órgano consultivo del Consejo de Europa determine si las propuestas se ajustan a los estándares europeos, al considerar que el informe de los vocales progresistas no cumple, mientras que éstos lo ven como una mera notificación de que se ha acatado lo pactado en agosto.
LA INTERVENCIÓN PARLAMENTARIA
Las fuentes del CGPJ explican que el debate ha girado en torno a cuál debe ser el nivel de participación de las Cortes Generales en la elección de los doce vocales del CGPJ que entran por el turno judicial. Los progresistas creen que no se puede eliminar la intervención parlamentaria, algo por lo que, en cambio, apuestan los conservadores.
En un informe de 38 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el sector conservador propone que "en la elección de los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial serán electores todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo en el momento de publicarse la convocatoria".
Argumenta que, "si hay una sola legitimidad de origen en el nombramiento de la totalidad de los vocales del Consejo, se corre el riesgo de trasladar, sea real o no, la percepción de falta de independencia a los magistrados nombrados por el Consejo". Por eso, recalca que esos doce vocales serán elegidos por sus pares "sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección".
Por su parte, el bloque progresista propone que los jueces participen de forma "directa" en la elección de los doce vocales judiciales pero con el aval posterior de las Cortes Generales. Este informe, de 34 páginas, detalla que el proceso se dividiría en dos fases: la de participación, que incluiría a todos los miembros de la carrera judicial que se encuentren en servicio activo; y la de elección, donde entraría el Parlamento.
Fuentes del sector progresista exponen que "se trata de un sistema parecido al actual pero con mejoras en la participación de los jueces en la selección de candidatos y en la fase parlamentaria", en la que "los candidatos seleccionados deben someter sus programas al escrutinio de la soberanía popular".
Desde el ala progresista se ha defendido firmemente la intervención parlamentaria al entender que el CGPJ es un órgano político con funciones de gobierno, "no de autogobierno", que debe hacer efectivo el "principio democrático" para representar "el pluralismo de la sociedad y de la carrera judicial".
A su juicio, "demonizar" la elección parlamentaria "es propia de populismos" porque no hay argumento jurídico que respalde que la elección de los vocales judiciales por sus pares "garantice mayor independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional".
