¿POR QUÉ REFORMAR JUSTO AHORA?
El Gobierno no nos da un respiro. Apenas unos días después de presentar la sospechosa proposición de ley para vaciar de contenido la acción popular que tantos disgustos ha dado a gobiernos de uno y otro signo, presenta un anteproyecto de ley orgánica de modificación de la LOPJ para la “ampliación y fortalecimiento” (sic) de las carreras judicial y fiscal.
A estas alturas se agradece que se trate de un anteproyecto de ley (para entendernos, la forma ordinaria de legislar) y no de un decreto-ley o una proposición de ley por el trámite de urgencia. Se garantiza así una tramitación más sosegada, más participativa y con intervención de órganos consultivos relevantes. Esto no presupone el acierto final de la norma, pero sí introduce mecanismos para encauzar el debate técnico-jurídico de una forma más ordenada que los tuits, las tertulias o las declaraciones del propio ministro de Justicia. Las formas importan.
Hay que decir que el Poder Judicial, al igual que toda la Administración Pública en general, necesita urgentemente una reforma estructural que siempre está pendiente, como tantas otras. Hay que revisar el sistema de selección mediante oposición (obsoleto pero el único, por ahora, capaz de garantizar el mérito y la objetividad, lo que resulta preocupante), solucionar la situación de los jueces sustitutos y acabar con el amiguismo y/o el clientelismo en la promoción a los más altos puestos de la carrera judicial y fiscal, que también son habituales en otros ámbitos de la Administración.
Pero para hacer una reforma de este calado hace falta un amplio consenso con el que no parece que se cuente y, sobre todo, partir de un diagnóstico riguroso dejando de lado los discursos ideológicos iliberales y obsoletos sobre la carencia de legitimidad democrática de los jueces o la necesidad de que actúen conforme a la sensibilidad social (se supone que la interpreta el Gobierno) y evitando medidas que tienen nombres y apellidos.
Como ocurre con la mayor parte de las propuestas legislativas de este Gobierno, aquí hay un totum revolutum: junto a medidas razonables (mayor transparencia, becas, prohibir subvenciones privadas a las asociaciones judiciales, evitar cobros en negro de preparadores), hay otras más relevantes que son preocupantes: acceso por el cuarto turno, vías para consolidar a los jueces sustitutos, cambios en los sistemas de elección en determinados supuestos para favorecer las opciones de izquierda... Tiempo habrá de profundizar en todas ellas, pero quizás de nuevo la pregunta es: ¿por qué el Gobierno más débil de la Historia de España pretende reformar el Poder Judicial justamente ahora?.
