BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
Así lo ha avanzado la Ser y lo ha confirmado este jueves por la mañana el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de una visita a la Ciutat de la Justicia junto al conseller de Justicia de la Generalitat Ramón Espadaler.
Con la entrada en vigor de esta ley dentro de tres meses, de forma progresiva dentro de 9 meses los juzgados de Violencia sobre la Mujer comenzarán a asumir las competencias en materia de violencia sexual, delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cuando la víctima sea una mujer, un hecho que ha generado preocupación entre los magistrados ante un posible colapso.
Sin embargo, aunque Bolaños ha reconocido que el aumento de la carga de trabajo se estima "en torno a un 20%", ha aclarado que la ley prevé un plazo de tiempo suficiente para adaptar la planta judicial.
En los próximos 9 meses, se transformarán algunos juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género y se ampliarán los recursos para dar salida a este incremento en la carga de trabajo.
"NO HABRÁ QUE CREAR NUEVOS JUZGADOS"
El ministro ha explicado que "no habrá que crear nuevos juzgados, porque será una sección especializada dentro de los tribunales de instancia" las que se encargue de asumir estos asuntos.
"Crear un juzgado cuesta en torno a 400.000 euros, pero con la nueva ley ya no hay que crear juzgados", ha dicho Bolaños, que ha explicado que se pueden asignar jueces magistrados a esas secciones y que esto tendrá un coste de menos de 100.000 euros.
"El coste que antes suponía crear un juzgado, ahora vamos a poder asignar entre 4, 5 o 6 jueces magistrados a esas secciones. Y por tanto vamos a poder descongestionar, y mucho, los juzgados, también los de violencia sexual, que con esta nueva ley", ha añadido.
Con esta ley, ha dicho Bolaños, el Gobierno pretende estar a la vanguardia y cumplir con los mejores estándares del mundo, que son los que establece el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres.
