14 DE OCTUBRE de 1977. Joaquín Satrústegui, abogado, monárquico, liberal, ex combatiente franquista, aboga desde la tribuna del Senado en favor de la amnistía que está a punto de aprobarse sin votos en contra tras haber sido refrendada en el Congreso. El senador Satrústegui también aprovecha para homenajear a los militares profesionales que obedecieron al poder constituido de la II República. Los senadores le ovacionan puestos en pie. Justino de Azcárate, abogado, republicano, ministro de Estado tras estallar el golpe militar del 18 de julio, encarcelado y posteriormente exiliado en Venezuela hasta la muerte de Franco, se levanta de su asiento, se dirige a Satrústegui y ambos se funden en un abrazo. El primo de Justino de Azcárate, el coronel Gumersindo de Azcárate, había sido ejecutado por las tropas franquistas en noviembre de 1937. En la crónica del legendario Bonifacio de la Cuadra se da cuenta de que en el momento de abrazarse Satrústegui y Azcárate, se oyó a algún senador exclamar: “Y de Paracuellos, ¿qué?”.
La concordia procurada por el conjunto de leyes, reformas institucionales y políticas concretas que conforman eso que, a falta de un nombre mejor, denominamos Transición no fue el efecto de que el legislador democrático hubiera dictado normas que regularan, en algún sentido, la concordia. Que se logre esta, como que “estemos tranquilos” o que “no cunda el pesimismo”, no es sino un subproducto de las leyes o acciones de gobierno que no tienen a ese estado de cosas como un objetivo que quepa lograr declarativamente, de la misma manera que para conciliar el sueño haremos mejor en no empeñarnos en quedarnos dormidos. En corto: pretender que reine la paz aprobando una Ley de Cultura de la Paz en Aragón (Ley 8/2023 de 9 marzo) o una estatal Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz (Ley 27/2005), o pretender que el secesionismo en Cataluña quede neutralizado toda vez que se trueca una Ley de Amnistía con los golpistas por una investidura en contra de la mitad del Parlamento, es puro voluntarismo infantil, cuando no artera y corrupta politiquería. Todo ello, cuando arqueamos el prestigio, la respetabilidad y la consolidación de los pilares que fundamentan la democracia liberal, no solo no sale gratis, sino que puede hacer emerger el rescoldo que, aireado, reaviva la hoguera de la discordia.
Esto es lo que, esencialmente, me parece que cabe reprochar a las leyes autonómicas que, con la pretensión, no errada, de revertir los perniciosos efectos de las leyes de memoria que han proliferado desde el año 2007 a nivel autonómico y estatal (la última es la Ley 20/2022 de memoria democrática), están proponiendo y a punto de aprobar los parlamentos autonómicos donde son mayoría el PP y Vox.
En ambos casos se trata, como antes decía, de desandar un camino que ha reabierto la división mediante el expediente, apenas disimulado, de instaurar una historia oficial que ensalza de manera maniquea el período republicano; prolongar hasta entrada ya la primera legislatura en la que gobernó el PSOE la necesidad de investigar y aclarar violaciones de derechos humanos -como si hasta entonces perduraran las brasas de la dictadura y no hubieran existido los mecanismos propios del Estado de derecho para investigar esos ilícitos-; y, al fin, cercenar de manera abiertamente iliberal y unilateral comportamientos que deben poder manifestarse en la esfera pública, si es que nos tomamos en serio el valor del pluralismo político y moral en lo que se refiere a la interpretación y valoración del pasado.
Pues bien, siendo todo ello así, es decir, sentada como premisa la necesaria neutralidad del poder público al respecto de ese pasado convulso, y cabalmente proclamado que la memoria es siempre íntima y personal, y, al cabo, que la historia es cosa de historiadores que han de poder conducirse en una atmósfera presidida por el libre intercambio de ideas, y que su obra y magisterio deben ser sometidos a los cánones metodológicos de la comunidad académica de referencia, choca el afán por hacer ahora una exhibición legislativa a la contra.
Si es cierto, como dice la exposición de motivos de la Proposición de Ley de Concordia de la Comunidad de Castilla y León, que “con la Constitución de 1978, que fue refrendada abrumadoramente por el pueblo español, se puso fin al enfrentamiento y se consagró la concordia entre los españoles y el entendimiento para resolver las discrepancias por vías democráticas”, ¿a qué una “ley de concordia” que tiene básicamente como finalidad señalar cosas tan obviamente ya permitidas como que las administraciones puedan difundir los valores constitucionales y las libertades y derechos fundamentales, o tan evidente y constitucionalmente garantizadas como el derecho de acceso a los archivos públicos? Incluso si de reactivar la concordia entre españoles se tratara, resulta llamativo, por decir lo menos, que en el Proyecto de Ley sobre Concordia de la Comunidad Valenciana se abarquen formas de violencia política, como el terrorismo islámico, sobre cuyo evidente repudio moral y jurídico poco cabe decir -amén de la justa reparación a sus víctimas-, pero que nada tienen que ver, como fenómeno causante de la desazón civil, con la necesaria reconciliación entre conciudadanos que hubo de labrarse desde bien pronto tras la Guerra Civil. ¿Y qué contenido tiene ese “derecho a preservar la memoria” que se consagra en el artículo 2.2. de la ley valenciana? ¿Acaso la difusión de hallazgos, documentos, revelaciones o mejores interpretaciones de las habidas no ha contribuido para bien al desmentir algunas memorias basadas en reconstrucciones exculpantes, comprensibles, pero finalmente tendenciosas o injustas?
El buen camino para desandar lo marca, a mi juicio, la Comunidad de Aragón (Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón), como antes lo hizo el decreto por el que se creó y reguló el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha: la escueta, magra, norma administrativa de la muy socialista Comunidad de Castilla La-Mancha. Así, en la norma derogatoria aragonesa, en consonancia con la necesaria reversión de la parcial y sectaria “memoria democrática” precedentemente legislada, se mantiene, como no puede ser menos, la obligación del poder público de facilitar “a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales” (Ley 1/2024 de 15 de febrero).
LA CONFECCIÓN de mapas y registros oficiales de todas las fosas; la dignificación de todos los lugares de enterramiento o presunta ubicación de restos de la Guerra Civil y la inmediata posguerra; el consenso para dotar de contexto a todos aquellos lugares que son topoi de nuestra trágica historia o para rendir perpetuo tributo a los héroes y justos, que los hubo y en ambos bandos; las órdenes o disposiciones administrativas que faciliten las exhumaciones cuando sea posible: todo ello es, como poco, el dominio de lo que siempre cupo hacer y acometer por parte del poder público sin delegación a entidades memorialistas de parte, como sabiamente insistió en pedir Santos Juliá, y sin “unidades de concordia”, valencianas o extra-valencianas, que añadan aún más oropel a las autorreferenciales alharacas legislativas de la concordia.
Tengo para mí que Satrústegui y De Azcárate lo habrían celebrado, aunque de fondo se oyera: “Y de la plaza de toros de Badajoz, ¿qué?”. No hay concordia que se imponga sobre quienes, legítimamente, no quieren olvidar el agravio, pero sí es posible que la autoridad, sutilmente, sin martillazos en la fragua legislativa, procure lograr que el olvido -todos los olvidos- torne en lo que Paul Ricouer describía como “el carácter desapercibido de la perseverancia del recuerdo”: ese ruido blanco que ahoga los negros ecos del pasado y consolida la convivencia de los distintos y ya no enemigos.
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