MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia de este martes recogida por Europa Press, invalida el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
Y lo anula, explican los magistrados con Fernando Román como ponente, debido a la "manifiesta insuficiencia" del análisis de impacto económico incorporado a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del reglamento.
De esta forma, el Supremo estima el recurso formulado por los colegios de Procuradores de Madrid, Albacete, Almería, Islas Baleares, Cantabria, Cartagena, Ciudad Real, Elche, León, Lorca, Lugo, Málaga, Navarra, Orense, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Vigo, Vizcaya y Zaragoza.
La Sala Tercera del Supremo explica que el análisis económico de la Memoria es "notoriamente insuficiente" y "no se adecúa a las exigencias mínimas de la Ley", en línea con lo alegado por los recurrentes y con las advertencias que en su momento hicieron el Consejo de Estado, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
LOS PROCURADORES, "PIEZA FUNDAMENTAL" EN LA JUSTICIA
"Resulta sorprendente que tratándose de una norma cuyo objeto consiste precisamente en regular el aspecto fundamental del régimen económico de una profesión, se omita en la Memoria un análisis detallado y concreto del impacto económico que la norma impugnada podría tener sobre el colectivo que ejerce esa profesión", indican los magistrados.
Y "máxime --añaden-- cuando se trata de una profesión que, además de ofrecer y prestar sus servicios en el mercado, resulta ser actualmente una pieza fundamental en el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro país como elemento colaborador de ésta".
De igual forma, el Supremo aprecia una "parca referencia" en el texto sobre el efecto que la norma proyectada podría tener sobre la competencia (que es parte del análisis económico): "Se ha expresado en términos absolutamente genéricos y apodícticos, sin ofrecer el exigible soporte argumental, razonado y razonable, que permitiera justificar que las conclusiones alcanzadas por la Administración se corresponden de manera coherente con las necesidades planteadas y con los objetivos perseguidos con la aprobación de la norma impugnada".
El alto tribunal subraya que se trata de una reforma respecto de la regulación anterior que "en ningún modo puede calificarse como de escasa relevancia" para el colectivo afectado, "por mucho que se anuncie por la Administración demandada que en el horizonte cercano se producirá otra reforma relativa al régimen arancelario de la Procura aún más trascendente que ésta".
