Son momentos de grave atribulación constitucional, consecuencia de la intoxicación permanente gubernamental que ha permitido que nos acostumbremos, día a día, a severas amputaciones del Estado de derecho. Repasemos: negociación internacional con mediador extranjero en Suiza sobre los elementos fundamentales de la Constitución (integridad territorial con el referéndum de autodeterminación); igualdad básica entre españoles con cesión completa de los tributos y condonación de la deuda a Cataluña; amnistía sobre la base de un fraude constitucional por necesitar siete votos y destrucción esencial del poder judicial con el ‘lawfare’. En este contexto, surgen de vez en cuando rayos de esperanza, provenientes, precisamente, de la acosada carrera judicial.
Así por la sentencia de 21/11/2023 el Tribunal Supremo anuló el acto adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del fiscal general del Estado. Es en la propuesta realizada por éste donde la sentencia aprecia desviación de poder, recayendo así doble sanción, al Gobierno por seguir a ‘su’ fiscal general del Estado que propuso a su exjefa y amiga Dolores Delgado para su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal y a éste por “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”. No debe extrañar que quien incurre a sabiendas en un acto de promiscuidad administrativa que debía conocer que era nulo, luego el CGPJ, cabalmente, le califique de “inidóneo” para ese puesto.
Ahora me referiré a la anulación de la presidenta del Consejo de Estado y a la reacción gubernamental del ministro ‘jurista’, el licenciado Bolaños. En efecto, a 30 de noviembre, de nuevo el Tribunal Supremo anula otro acto del Gobierno, el indicado nombramiento de la actual presidenta del Consejo de Estado, persona discreta y políticamente experimentada pero que desde luego no cumple con el requisito legal de ser elegida entre “juristas de reconocido prestigio”. Y lo hace a petición de una fundación de luengo recorrido en la defensa del Estado de derecho, denominada Hay Derecho.
Ambas cuestiones merecen comentario. Así, de un lado, Hay Derecho es una fundación que tiene conexión directa con la defensa del Estado de derecho, sin vinculación alguna con partidos políticos y que resueltamente tiene un engarce preciso y directo entre la cualidad de los nombramientos, inclusive los discrecionales, con la legalidad.
Si en el Gobierno tuvieran un mínimo de dignidad, tras el bochorno de que 47 millones de personas se hayan enterado de que el Gobierno se dedica a nombrar a personas que no son aptas para el puesto, ejecutarían prontamente la sentencia y quedaría cesada. Y la propia presidenta, si conserva ese mínimo honor, dimitiría por su cuenta.
Pero mejor ni pensar en ello... La reacción, reaccionaria en sentido propio, ha sido exactamente la contraria, mantenella y no enmendalla. Así el ‘jurista’ Bolaños, ministro plenipotenciario sobre los tres poderes del Estado, tiene la ocurrencia de decir que “no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia del Gobierno de España”.
Dicen que sacó una oposición y estaba en un buen despacho. Pero debe ser que jamás aprendió que existe una jurisdicción, la contencioso-administrativa, que tiene precisamente como finalidad examinar lo que hace el poder público, y entre otros, el Gobierno. Si este incurre en desviación de poder, o ya más claramente en la ilegalidad completa que implica nulidad, lo que no cabe es que Bolaños defienda esa ilegalidad. Pero es de celebrar que al menos una vez, los jueces (¡otra vez los jueces!), que son joya de la mejor orfebrería jurídica, sean capaces de, serenamente y con técnica solvente, decir que en cualquier nombramiento no bastan las mayorías políticas sino que hay que cumplir la Ley. Es un paso adelante.
