MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Fuentes del Consejo han confirmado a Europa Press que el presidente interino del órgano, el vocal Rafael Mozo, ha aceptado incluir en el orden del día del jueves 27 de abril un punto para "valorar" la decisión que esta misma semana han hecho pública tres asociaciones judiciales --junto a dos asociaciones de fiscales--.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han anunciado en un comunicado conjunto su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo ante la "falta de propuesta concretas" y de "verdadero propósito de negociar" de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.
Dicho comunicado también ha sido suscrito por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que aunque han asegurado compartir el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el "estancamiento actual" del sistema judicial, han considerado "oportuno" esperar a conocer lo que pueda plantear Hacienda en la reunión de la Mesa de Retribuciones prevista para el 3 de mayo. Ambas organizaciones progresistas, sin embargo, no han renunciado a sumarse a la convocatoria de huelga en función del resultado de esa reunión.
TERCERA HUELGA EN JUSTICIA EN 2023
De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la Justicia en lo que va de 2023. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) estuvieron dos meses de parón hasta que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. Resuelto dicho conflicto laboral, se abrió un nuevo frente y los funcionarios de Justicia empezaron su propia huelga indefinida el pasado 17 de abril para lograr una mejora salarial "en línea" con la de los LAJ.
Ahora, aún con el conflicto latente de los funcionarios, se suma el anuncio de huelga de jueces y fiscales. Desde el Ministerio de Justicia han afeado a ambos su postura. El equipo dirigido por Pilar Llop ha incidido en que continúa con "la misma voluntad negociadora que ha tenido siempre, con la mirada puesta en todo momento en el servicio público", recalcando que la mesa de retribuciones ya está convocada para el 3 de mayo.
En el comunicado de jueces y fiscales, las asociaciones han subrayado la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril. Y han puesto el foco, además, en "la nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo".
"Todo lo anterior se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos", han incidido.
