MALOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA
Afirmar que la técnica normativa, es decir, el conjunto coherente de técnicas, instrumentos y herramientas que se siguen en el proceso de elaboración de una norma y cómo se expresa ésta -la norma es esencialmente lenguaje- está en crisis en nuestro Estado no es algo novedoso. Quizás la técnica normativa nunca ha dejado de estarlo, como tampoco la propia democracia representativa en el marco de la cual surge dicha técnica como proceso jurídico-racional de plasmación de la voluntad del pueblo en textos legales. Mantener que tiempos pasados parlamentarios y normativos fueron mejores, con reivindicación, por ejemplo, del parlamento liberal del siglo XIX o del que precedió a nuestra Guerra Civil, son meros ensueños, como magistralmente ha descrito el profesor Astarloa.
Sin embargo, sí que es cierto que en esta última legislatura se aprecian elementos que permiten sostener que, quizás, no haya que hablar ya de mera crisis, sino de auténtica debacle, de pandemia normativa, con lo que ello conlleva para la seguridad jurídica y, por tanto, para el bienestar de nuestra sociedad. La conexión entre buenas normas jurídicas y avance de la economía y del bienestar es evidente. Sin seguridad jurídica la inversión no es tarea fácil por la falta de la necesaria previsibilidad que exige el mercado -salvo que uno sostenga que el único inversor deban ser los poderes públicos-. Como afirmara Byung-Chul Han el pasado verano en el bellísimo paraje cántabro de la Magdalena, quizás la nueva economía empieza a encontrarse más cómoda en la previsibilidad de las autocracias que en la inseguridad jurídica de las democracias liberales. La tradicional alianza entre economía liberal y democracia representativa puede aproximarse a su final.
Y sin buenas normas tampoco pueden promoverse los derechos y libertades. El Estado no cumple simplemente con declarar y reconocer en el plano normativo las libertades individuales, sino que está obligado a garantizar en el terreno de los hechos su efectividad, y para ello, es indispensable una regulación precisa, ajustada a las posibilidades materiales y evaluada previa y posteriormente. Las incitaciones ilusorias legislativas, como meros cantos de sirena, no tienen un impacto neutro en nuestra sociedad, ya que crean en los ciudadanos expectativas que, si no hay medios materiales y personas para cumplirlas, crean frustración y descontento social. Una mala ley o una ley sin recursos, y, más aún, cuando se expresa de manera muy grandilocuente, es el mejor camino hacia el descontento o, peor aún, el conflicto social.
Ejemplos de este grave deterioro de la técnica normativa encontramos demasiados estos últimos años. Remisiones a normas erróneas (véase, ley de violencia infantil), cita expresa de resoluciones judiciales anuladas para fundamentar la regulación de la materia (ley de eutanasia), reformas legislativas en cuasi notas a pie de página de la norma, etcétera. También, las normas se encabezan por preámbulos que son pura expresión de utopías, pero no de la esperanza, sino de la más arrogante ignorancia.
Junto a todo ello aparece también la tendencia a regular sobre la base solamente de principios y no de reglas, es decir, de normas flexibles que fijan meramente el objetivo, pero no el medio para cumplirlo, lo que, inexorablemente genera la necesidad de interpretarlas por los tribunales de Justicia. Y así, resulta paradójico que la insólita crítica a la presunta apropiación de nuestra democracia por los Tribunales de Justicia se haga, precisamente, por aquellos que trufan las normas de fórmulas abiertas e imprecisas.
Sin embargo, el epítome de este deterioro se aprecia en una reciente novedad, expresión paradigmática de la nueva alquimia jurídica: el impulso por parte del Gobierno del procedimiento legislativo, no a través de proyectos de ley, sino de proposiciones, recurriendo al grupo parlamentario que le sostiene. Ya no se trata sólo de abusar del decreto ley. El paso dado va más allá. Ahora el Gobierno promueve nuevas normas, acudiendo directamente a la sede parlamentaria y sin necesidad de respetar el proceloso procedimiento de tramitación de un proyecto de ley. Es decir, se elimina por arte de magia parlamentaria la audiencia e información pública, la consulta a determinados órganos, especialmente, el Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Económico y Social, Comité de Bioética de España y otros más, o la evaluación ex ante de la norma a través, especialmente, de la memoria de análisis del impacto. Es decir, normas sin sabiduría técnico-jurídica. La peligrosa cultura ‘agile’ se apodera ahora del procedimiento normativo.
La eliminación del trámite de informe de los órganos consultivos se justifica, en ocasiones, bajo la narrativa del “ya sabemos qué nos van a decir”, lo que no sólo supone una evidente pérdida del deber constitucional de neutralidad por parte del poder público, sino, peor aún, que puede acabar por trasladarse al marco electoral, porque, si unos tienen la verdad moral y ya saben lo que esos otros van a decir, para qué consultar su parecer político cada cuatro años.
Como expresara el jurista italiano Zagrebelsky, la Ley deja de ser ya la expresión de una sociedad política internamente coherente, siendo mera manifestación e instrumento de competición y enfrentamiento social, es decir, no el final, sino la continuación del conflicto. Y es bueno recordar las dos reglas básicas que nos dio Adela Cortina para que una democracia funcione: la tolerancia mutua que consiste en aceptar que los oponentes tienen igual derecho a competir, que son decentes y patriotas, y el autodominio, la idea de que los políticos han de restringirse al desarrollar sus prerrogativas institucionales, han de practicar el autocontrol paciente, la moderación y la tolerancia, la convicción de que no se deben realizar acciones que, aunque sean legales, ponen en peligro el sistema.
Se confunde, además, en esa ausencia premeditada del dictamen de los órganos consultivos, la presunta caducidad del mandato de sus miembros con caducidad de su inteligencia y pericia. Y todos los que nos dedicamos al Derecho sabemos el valor que tienen dichos informes para las normas, algo que sí es sí está también descubriendo recientemente la sociedad civil.
En definitiva, en estos tiempos en los que solamente agrada quien es feliz, siendo su voz escuchada con gusto, es importante denunciar que las normas se escriben ahora con brocha gorda. Se acabaron, pues, los buenos tiempos para la lírica. Y pese a que resulte algo extravagante afirmarlo, sobre todo, para el que no se dedica al noble arte del Derecho, una buena norma nos suena a los juristas como si de una magistral composición lírica se tratara.
