MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
En un comunicado firmado por las tres asociaciones convocantes, recogido por Europa Press, se explica que la participación ha sido similar a la de ayer martes --primer día de huelga--. Lamentan que siga sin producirse "el más mínimo intento" por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop, de resolver el conflicto.
"Incomprensiblemente acepta la suspensión de miles de juicios y comparecencias en todos los partidos judiciales del país, con los consiguientes perjuicios para los ciudadanos, operadores jurídicos y para el propio servicio público", indican las asociaciones.
Y añaden que Llop es quien debe decidir si "acepta la mano que se le ha tendido en todo momento para alcanzar un acuerdo satisfactorio que permita cumplir con los compromisos ya adquiridos con el colectivo".
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".
Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".
Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad".
LLop pidió el pasado viernes a los convocantes que huyeran de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos", asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.
Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.
LA POSTURA DEL MINISTERIO
Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la "desinformación que aparentemente existe" sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento "en interés" del cuerpo.
Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. "La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros", precisó.
