MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
A través de un comunicado, la titular del departamento, Pilar Llop, ha destacado la importancia de los datos en el nuevo modelo de transformación digital que aborda la Administración de Justicia, al tiempo que ha añadido que la gestión de datos "es fundamental para dar el servicio que la ciudadanía se merece en el siglo XXI".
Según ha informado el Ministerio, el citado manifiesto fue ratificado de forma unánime en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 23 de junio en Toledo, después de su aprobación en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Se trata, añaden, de un documento que consta de cinco objetivos.
En concreto, el primero es el de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso. El segundo objetivo es el de la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, con la participación de las diferentes administraciones, así como de otros actores de los sectores público y privado. "Con esto se busca la creación de espacios en los que compartir datos de calidad bajo los principios de confianza y seguridad", apunta Justicia.
IGUALDAD Y COHESIÓN
En tercer lugar, el manifiesto pretende garantizar la innovación en el ámbito de la Justicia mediante el intercambio de experiencias y orientando el uso de los datos a proveer soluciones a problemas concretos. En este sentido, explica el Ministerio, se está impulsando la extracción de datos que permita procesar cantidades ingentes de datos (Big Data) no estructurados (texto) y transformarlos en indicadores de alto valor en la toma de decisiones.
El cuarto objetivo es el de la gestión orientada a datos, con la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen resultados que busquen la mejora continua del servicio público de Justicia.
Por último, concluye el Ministerio, el manifiesto recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos y lograr así la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía, con las máximas garantías legales de protección de datos y los mayores estándares de ciberseguridad.
