BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
En un auto consultado por Europa Press, el tribunal se declara competente para recibir estas denuncias al tratarse de personas aforadas por sus cargos públicos, y en el mismo documento acuerda inadmitirlas.
En concreto, el TSJC ha rechazado una querella que presentó Vox; una denuncia del líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y otra de Convivencia Cívica Catalana.
La querella de Vox atribuía a Aragonès, Giró y Vilagrà los supuestos delitos de prevaricación y malversación, igual que las denuncias de Cs y de Convivencia Cívica Catalana.
Sin embargo, los jueces no consideran que pueda haber un delito de prevaricación y afirman que el decreto que creó el Fondo Complementario de Riesgo para avalar a los encausados en el Tribunal de Cuentas fue un "genuino acto político" del Govern.
Además, señalan que el decreto no está redactado para un caso concreto sino que tiene "vocación de generalidad" y se enmarca en las competencias autonómicas.
Respecto a este primer delito, los magistrados concluyen que al publicar el decreto "la Generalitat no dictó una mera resolución en un 'asunto administrativo', presupuesto de toda prevaricación administrativa".
En cuanto a la presunta malversación, que las denuncias atribuyen a una supuesta arbitrariedad del decreto para proteger a cargos públicos, los jueces recuerdan que la Generalitat tiene la obligación de proteger "el derecho a la indemnidad de los servidores públicos al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad".
La Fiscalía ya pidió al TSJC rechazar estas denuncias porque no consideraba que el decreto del Govern supusiera ningún delito, y le veía una finalidad "perfectamente lícita".
FONDO DEL ICF
La Generalitat creó este Fondo en julio ante la fecha límite para presentar los avales a las fianzas de los políticos independentistas encausados en el Tribunal de Cuentas por la acción exterior durante el denominado proceso independentista, de 5,4 millones, aunque finalmente el Tribunal de Cuentas rechazó estos avales del Govern.
El Ejecutivo de Aragonès creó el fondo con la intención de que una entidad bancaria presentara el aval a las fianzas y el fondo hiciera contraaval, y el decreto con el que se creó el fondo ya preveía que, si ninguna entidad bancaria avalaba a los afectados, el Institut Català de Finances (ICF) los avalaría directamente y el fondo haría de contraaval.
Finalmente, el ICF expidió los avales a los encausados, usando este Fondo como contraaval, tras lo que algunos grupos de la oposición presentaron varias denuncias por la creación de este fondo.
