MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
González Rivas ha clausurado con estas palabras el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre "Poder Judicial y Estado de Derecho", celebrado en San Lorenzo de El Escorial, donde ha insistido en el papel que los jueces y magistrados desarrollan diariamente para fortalecer el Estado de Derecho como garantes del imperio de la ley, respetuosos con la separación de poderes y el ejercicio de la actividad jurisdiccional al controlar la actividad de la Administración Pública.
En esta conferencia, el presidente del TC ha realizado una reflexión global de los puntos esenciales que se contienen en el Título VI de la Constitución, donde se habla del l estatuto jurídico del juez, su sometimiento a la Carta Magna y al resto del ordenamiento jurídico y su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado como dice el artículo 117.3 de la norma.
"El imperio de la ley es el que fortalece nuestro sistema democrático", ha señalado González Rivas en relación con el papel de los jueces que se regula en el citado título de la Constitución.
También se ha referido al conjunto normativo español, que es escalonado y configura "la fortaleza de nuestro sistema jurídico", a lo que se añade la jurisprudencia existente, cuya aplicación se impone igualmente a los miembros de la carrera judicial.
EL TC "NO ES PODER JUDICIAL"
En este contexto González Rivas se ha referido a las relaciones entre el Tribunal Constitucional, "que no es poder judicial" y este poder judicial en sí destacando dos puntos importantes de conexión, como son las cuestiones de inconstitucionalidad que los jueces ordinarios plantean ante el órgano de garantías por las dudas que le surgen al aplicar una ley de cuya validez dependa el fallo, y por otro, los recursos de amparo constitucionales en relación con el control ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa y contra las resoluciones judiciales.
Finalmente, el presidente del TC ha analizado las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, refiriéndose a los artículos 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; al artículo 2 del Tratado de Lisboa y al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
