LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
Jorge Medel, junto al director general de Servicios Sociales, Jorge Fraile; el gerente del IRVI, Francisco Javier Caldito; y el secretario de Gobierno de La Rioja, Luis Fernando Santos del Valle, han presentado este nuevo protocolo cuyo objetivo es "garantizar una rápida comunicación -tanto del Juzgado a los Servicios Sociales como al revés- para poder adelantarnos y detectar situaciones de vulnerabilidad de los ciudadanos y poder ayudarles de forma inmediata".
Para conseguir tal fin, el director general de Justicia e Interior ha afirmado que La Rioja establece, además, "un sistema electrónico de comunicación para que realmente sean rápidas y fluidas" siendo la primera comunidad autónoma que lo va a llevar a cabo.
Este protocolo, ha continuado, "es un paso más para afrontar los problemas sociales en materia de vivienda en el momento preciso porque una buena previsión nos permitirá actuar mejor".
Por su parte, el director general de Servicios Sociales, Jorge Fraile, ha querido poner en valor el trabajo tanto del Gobierno como de la administración de Justicia porque "va a poder ayudar a muchas personas".
A través de estos canales de comunicación, ha continuado, "se podrá abordar la vulnerabilidad social con mayor garantía y anticiparnos a situaciones difíciles. Todo se hará de forma trasversal y rápida a través de dos vías de comunicación para poder llegar a la persona o familia afectada".
COORDINACIÓN
Por un lado, ha indicado, se trabajará en coordinación con el Juzgado que comunicará a la Dirección General información para determinar dónde está la vivienda afectada y todos esos datos se remitirán a los servicios sociales para tener conocimiento de la situación.
Por otro, una vez el demandado conozca su situación, éste podrá acudir a las unidades a reclamar o hacer patente su situación de vulnerabilidad. "Son dos caminos que siempre convergen en los servicios sociales para poder hacer efectivas esas ayudas", ha afirmado.
Se trata de recoger toda la información posible que también deberá ser remitida al Ministerio de Derechos Sociales tras establecerse la obligación de que las ccaa comuniquen esos datos al Ministerio.
Con toda esta información, "tendremos datos de desahucios para implementar medidas eficientes y atajar este tipo de situaciones".
El compromiso del Gobierno es "ayudar a estas familias que se encuentran en situaciones difíciles" con el fin de "no dejar a nadie atrás".
"COMPROMISO DE LEGISLATURA"
Por su parte, el gerente del IRVI ha explicado que "es compromiso de legislatura ayudar a los más vulnerables y, por tanto, el IRVI actúa como eje social, como instrumento para la protección del derecho de la vivienda y para ofrecer atención integral para estas personas".
Por parte del TSJR, se ha explicado que al año se celebran 400 juicios de desahucio en La Rioja y con este protocolo los Servicios Sociales "van a poder conocer la situación de la persona o familia y actuar".
"Si no hay colaboración entre administraciones no se puede ser efectivo", ha indicado.
Con esta nueva iniciativa, los afectados podrán ir a los servicios sociales para conocer las ayudas y si ellos no quieren ir, "nosotros deberemos comunicar la situación a los servicios sociales".
Una vez comunicada la situación, ha continuado, "suspendemos el procedimiento hasta que los Servicios Sociales se pronuncien sobre la situación de vulnerabilidad de la persona afectada. Si lo está suspendemos el procedimiento y si no lo está, éste sigue su cauce hasta la sentencia o posible alzamiento".
Se trata de un sistema "para proteger a los más vulnerables y sobre todo para que aquellas personas que estén en una situación difícil pidan ayuda", ha finalizado Jorge Medel.
