CÁRTEL DE OPINIÓN
En agosto de 1989, Giovanni Sartori propuso el concepto ‘vídeo-poder’ en su artículo ‘Videopolitica’, que culminó en ‘Homo videns: La sociedad teledirigida’. Su tesis es que la universalización de la televisión aparta al ser humano de su original configuración como sujeto pensante a partir de la escritura (al que asocia con la etiqueta antropológica de ‘homo sapiens’) en detrimento de un individuo reducido a la experiencia ocularsensorial (nominado ‘homo videns’), que degenera en un aprieta-botones ‘homo insipiens’ (insipiente, es decir, falto de sabiduría, ciencia o juicio). Esta caída intelectual, moral es una amenaza grave para la democracia.
Casi medio siglo antes, en enero de 1941, un presidente estadounidense del Partido Demócrata, pronunció un discurso decisivo: la ‘Declaración de las Cuatro Libertades’. Franklin D. Roosevelt conjuró a sus compatriotas para alcanzar un mundo ‘fundado en la moral’ en el que las personas disfrutarían, al menos, de las libertades de expresión y creencias, libres de necesidad y temor. Y los Estados Unidos se pusieron al frente de la causa de la libertad sobre la Tierra. Ana de Palacio se refería oportuna y vibrantemente a ello en su reciente artículo ‘América, arsenal de la democracia’.
El cruce de esas ideas acontece en busca de una reflexión serena ante lo que viene sucediendo ‘in crescendo’ en las redes sociales y la clausura de cuentas por poderes privados. El vídeo-poder, causa y reflejo de la vídeo-política, se ha visto complementado y ampliamente superado por el ‘redes-poder’, causa y efecto de la ‘redes-política’. Y todo parece caminar a un empeoramiento de la existencia cívica, si aquel poder decisorio sigue en (unas pocas) manos privadas, con la inminente interconexión de todos los terminales electrónicos, mediante la tecnología de la red móvil de quinta generación, conocida como ‘5G’. Por ejemplo, si efectivamente están conectados, como marca la tendencia imperante, se podrá de forma simultánea cerrar la cuenta del infractor señalado y pararle el motor de su coche en marcha o su marcapasos.
Algunas voces han radicado la justificación de esa capacidad censuradora en la evidencia de lo inadmisible de las expresiones empleadas y los efectos violentos consecuentes, potenciales o reales. Otros, inclinados parcialmente a la norma, en el derecho de admisión. No es tan sencillo.
En el primero de los casos, al menos, por tres motivos. Algo que conduce a la injusticia, a la vesania, al mal debe rechazarse. Y aquí aparece la primera dificultad. En las redes, si algo existe con carácter de plaga, es el ‘forofismo político más fanático’, en certera expresión de Antonio Bustos Gisbert; donde lo único relevante es defender a los míos y denigrar a los otros por encima de cualquier consideración. ¿Cómo se determinan las acciones y hechos prohibidos, si no se acepta una moral, que uno puede equivocarse, que puede haber racionalidad en quienes piensan distinto? Sobre éste: ¿Cómo se ponen de acuerdo los bandos para designar a quien lo determina? Y sobre éste: ¿La empresa dueña del medio, un agente gubernativo o uno judicial investido de la independencia?
El derecho de admisión tampoco es suficiente. No hay duda de que, en Occidente, el espacio público de la comunicación está copado por una mano de corporaciones mercantiles, recogidas en el acrónimo “GAFAT”, por Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Ni tampoco que ninguna es europea. Forman un verdadero oligopolio privado, como nunca se ha conocido, de la administración de la libertad de expresión y creencias; en suma, de la formación de la opinión pública. Y ésta es un supuesto estructural fundante, legitimador y operativo de la democracia.
Si el lugar del enfrentamiento -por desgracia, no discusión- político acontece, casi exclusivamente, en el ámbito que ofrecen los señores del cártel de la opinión, una de dos, o estas compañías privadas se han inevitablemente publificado, con lo que el representante del soberano debería imponerles condiciones para que la opinión pública verdadera se realice, o lo público se ha inevitablemente privatizado, lo que supondría el fin de la libertad y la democracia. Es insostenible conceder sin más que las empresas del Superparaestado GAFAT-5G son privadas para no imponerles ninguna exigencia de neutralidad real, dada su posición totalizante en el espacio de la opinión pública.
La relación entre democracia y opinión pública es directa. La representación y los gobernantes necesitan la aceptación de los representados, los gobernados, la opinión pública. El Estado constitucional tiene como fundamentos legitimadores la garantía de los derechos humanos, la soberanía popular, la división de poderes y la Constitución como norma suprema y jurídica; pero su fundamento operativo, y más en democracias de masas, es el asentimiento de la opinión pública.
Pero, para que funcione correctamente, el sentir generalizado de los particulares sobre asuntos públicos debe surgir ‘del’ público, fraguarse ‘por’ los ciudadanos; no basta que esté ‘en’ el público: “Puede haber agentes que creen información, pero tiene que llegar al público para que forme su propia opinión” (Sartori).
La formación de una correcta opinión pública implica, como mínimo, libertad de expresión y multiplicidad equilibrada de medios. La primera presupone la libertad de pensamiento; un valor netamente occidental, sostenido en la necesidad de la verdad y la posibilidad real de acceso a toda la información, la decisión sobre lo que lee, oye y ve, y en su comunicación. Pero exteriorizar públicamente el pensamiento requiere una cierta seguridad. Si alguien teme ser castigado por manifestar su opinión, muere esta libertad, y solo quedarán valientes, idos, autocensurados y gregarios. La segunda es un requisito insoslayable para una opinión pública verdadera y la democracia. Ambas son imposibles si toda la información está controlada o sesgada por una fuente o ideología.
Tres enemigos implacables y expansivos acosan la opinión pública. La propia fuerza intrínseca de los medios, la propaganda totalitaria y la debilidad moral de los individuos. El cártel de opinión GAFAT parece orientarse, por sí o sus agentes en los resortes del poder público, no a construir una opinión ‘del’ público, sino a establecer una opinión ‘en’ el público.
No era de esperar que la evolución política de los Estados democráticos, y menos de los Estados Unidos, en esencia, de Occidente, virara hacia formas totalitarias, como los Estados que combatieron sin cuartel en el pasado, y los que surgieron y se han mantenido en otras partes del mundo. La democracia, en su accidentado caminar por la Historia, ha encontrado un nuevo nudo gordiano. ¿Se la quiere preservar o adentrarse en la dictadura corporativa o partidista?
