EUROPA DIRÁ ALGO
Estamos ante el ataque más vergonzoso que se ha producido contra el Poder Judicial en periodo democrático. De nuevo el partido socialista, en esta ocasión aliado con los comunistas de Podemos y los separatistas de Bildu, ERC y Compromís, quieren aplastar a la Justicia para someterla a sus dictados. Estamos a un paso de volver a la época franquista en la que no existía un órgano que garantizara la independencia de jueces y magistrados, realizando los nombramientos de los cargos judiciales directamente el Gobierno.
Realmente, muchos nos preguntamos por qué el Gobierno y sus aliados quieren evitar que el CGPJ realice nombramientos para permitir que la Administración de Justicia siga funcionando aunque su órgano de gobierno esté en funciones. También nos preguntamos por qué ninguno de los tres ministros que se sientan en el Consejo de Ministros y que son jueces de carrera se han opuesto a una reforma que, según sus propios compañeros, tiene raíces “populistas” y que lo único que pretende es “laminar a la Justicia”.
Pero lo más sorprendente es que el ministro Campo participó en su época de vocal del CGPJ, en más de 32 nombramientos de cargos judiciales, sin que considerara que estaba haciendo un acto antidemocrático como ahora hemos escuchado decir a los vicepresidentes Calvo e Iglesias. Por lo tanto, no podemos creer que esta reforma tenga la finalidad de garantizar una Justicia “democrática” como afirman los voceros de este Gobierno, sino de amordazarla y ponerle la venda que lleva en los ojos en la boca para que quede muda y arrodillada ante el poder político.
En el año que llevamos de Gobierno social-comunista apoyado por los socios blanqueados, hemos visto ataques sin parangón en cualquier Estado democrático europeo, contra jueces, contra el Tribunal Supremo, contra la Audiencia Nacional y contra los Fiscales independientes. Se han producido persecuciones en redes sociales a Magistrados que se han atrevido a investigar a miembros de la coalición gobernante o sus socios blanqueados, e incluso en el programa de la televisión pública catalana, “Està passant”, se llegó a desear como felicitación navideña que los jueces que condenaron a los golpistas en el juicio del “procès” se ahoguen con turrón de Alicante, todo ello con el consentimiento tácito del actual partido “sanchista” del que forma parte, reitero, el ministro-juez Juan Carlos Campo.
En la reforma “exprés” del CGPJ que han aprobado los socialistas y comunistas en la Mesa del Congreso de los diputados, se ha considerado que no es necesario escuchar a los propios afectados, es decir a los jueces, ni tampoco a las instituciones europeas que ya han manifestado su preocupación por estas reformas judiciales sin consenso alguno. Nos estamos acercando peligrosamente a las posiciones autoritarias que en materia judicial se van extendiendo por algunos países europeos, aunque los socialistas se revuelvan nerviosamente cada vez que se les recuerda su alineamiento con reformas de la Justicia en Polonia y Hungría denunciadas por la Unión Europea, nos vamos a convertir en el tercer país de la fotografía del asalto al Poder Judicial, y sin duda, Europa algo tendrá que decir.
El actual CGPJ, con sus virtudes y defectos, como todos los que ha habido desde su creación en la Constitución de 1978, ha trabajado con rigor, se han realizado nombramientos con grandes consensos, se han roto muchos techos de cristal, como ejemplo el nombramiento de la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, o el nombramiento de la primera mujer presidenta de sala en el Tribunal Supremo.
¿Entonces dónde está el problema? A lo mejor es que los nombramientos que se han realizado no coinciden con el perfil que persiguen los sanchistas, comunistas e independentistas, a lo mejor los jueces y magistrados nombrados son leales constitucionalistas y no se quieren prestar a enjuagues y enredos para el cambio de ingeniería social que se pretende realizar desde los despachos del actual poder monclovita. Quizá estemos presenciando una partida de ajedrez en la que la Justicia representa la torre de defensa del orden constitucional y su caída es el último movimiento para evitar un “jaque mate”.
Últimamente estamos presenciando como la Justicia es la que está sacando los colores a aquellos que quieren blanquear a Otegui, volviéndolo a sentar en el banquillo por colaborar con la banda asesina ETA, rompiendo su imagen de político de Estado creada desde Moncloa. También estamos viendo cómo la Justicia se opone a los indultos de los golpistas separatistas estropeando la campaña electoral del ministro Illa, o cómo investiga oscuras tramas de Podemos.
Estoy convencido que esta es la verdadera explicación de la reforma que se pretende, molestan los jueces independientes y para eso hay que acabar con la libertad en los nombramientos. Sin duda Europa dirá algo y lo que diga nos avergonzará.
