MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Según ha avanzado la ministra portavoz, María Jesús Montero, se trata de dos textos normativos que adaptan las leyes españolas a la normativa europea y modernizan los sectores de la auditoría y la contabilidad.
Uno de los reales decretos aprobados establece un reglamento de desarrollo de la ley de auditoría, detallando las condiciones, requisitos y formalidades que deben cumplir los profesionales de la auditoría, al tiempo que desarrolla un régimen sancionador, con lo que se trata de mejorar la transparencia en la función supervisora que se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
El reglamento detalla los mecanismos para evitar el conflicto de intereses o para dar a conocer los requisitos de documentación que se elaboran por los trabajos de auditoría. En concreto, se obliga a emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público.
La ministra portavoz ha señalado que estas normas mejorarán la labor de la actividad de auditoría e incrementará la confianza de los inversores del mercado español.
"Esta actividad de auditoría de cuentas cumple una importantísima función pública y, por tanto, es necesario mantener un marco normativo que esté modernizado y que se enmarque en el contexto de la normativa europea para ofrecer confianza a las empresas que son auditadas y, sobre todo, a las empresas terceras que actúen en el mercado y que confían en la información que ofrecen los auditores", ha explicado Montero.
En cuanto al segundo real decreto aprobado este martes, su objetivo es actualizar los planes de contabilidad que rige al sector empresarial, lo que "supone un paso importante en la estrategia de convergencia del Derecho español con las normas financieras internacionales y, en particular, las europeas", ha apuntado.
Según Montero, dicho texto normativo permitirá a las sociedades de grupos cotizados aplicar en sus cuentas anuales un marco de información financiera que sigue los criterios contables internacionales.
En definitiva, la ministra ha asegurado que los dos reales decretos aprobados ofrecen certidumbre y mejoran la reputación y la confianza de los inversores del tejido productivo español.
