SECUESTRO DE LOS POBRES
La imagen de Adoración sentada en un sofá en la calle en Carabanchel, junto a sus cuatro nietos (de entre uno y cuatro años), es estremecedora. Había sido desahuciada. Sucedía el pasado día 29 de octubre. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, se sirvió de la imagen para denunciar los desahucios que se seguían produciendo bajo el Gobierno de Sánchez. Inmediatamente después, presentaba, junto con Podemos y Bildu, una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para prohibirlos. Podemos ya lo había incluido en su programa electoral (medida 208). Ahora se trata de que el Gobierno lo asuma y se convierta en ley. Y parece haberlo conseguido. El vicepresidente Iglesias ha anunciado que, en las próximas fechas, se presentará la norma que “prohibirá” los desahucios.
La izquierda siempre ha sido antipropietarista. Considera que la propiedad es la fuente de la desigualdad. Conecta con el mito del paraíso, del estado de naturaleza, del buen salvaje, de la sociedad sin propiedad (y sin clases). Porque la propiedad es la cuna de todos los males. Rousseau afirmaba, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que “el primer hombre a quien, cercando un terreno, se lo ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: ‘¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!’”.
En los últimos tiempos se ha sofisticado. Thomas Piketty afirma que “es posible superar el capitalismo y la propiedad privada y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el federalismo social”. Esto supone un régimen de “propiedad social y temporal” que “repose, por una parte, en la limitación y la distribución (entre accionistas y asalariados) de los derechos de voto y de poder en las empresas y, por otra parte, en una fiscalidad fuertemente progresiva sobre la propiedad”. A fuer de igualitarista, es antipropietarista. Sin embargo, cuando la propiedad ha desaparecido, también lo ha hecho la libertad y el progreso. Es un precio demasiado elevado que no estamos dispuestos a pagar.
La “prohibición” de los desahucios plantea serios problemas jurídicos. El primero es el de la confusión entre el desahucio (ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de los arrendatarios) y el desalojo (del ocupante ilegal de la vivienda). Es una confusión intencionada: el halo social de rechazo que arrastra el lanzamiento del arrendatario por impago de la renta se pretende extender a la okupación cuando no cuenta con apoyo social. El segundo, que la prohibición supone que al propietario se le quita de un medio de tutela judicial de su derecho, sin justificación alguna, que sólo podrá disfrutar de cumplirse una condición (como una alternativa habitacional, como dice Podemos), en manos de un tercero o, incluso, de la voluntad del arrendatario. Y, en tercer lugar, la privación de la tutela judicial supone una lesión patrimonial, fruto de una imposición del Estado que sólo puede ser obra de una ley que, además, debería venir acompañada de una compensación económica.
El Real Decreto-ley 11/2020, para hacer frente al covid, ya impuso la “suspensión” del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Es más correcto hablar de suspensión, tratándose de un procedimiento judicial. Sin embargo, tiene los mismos efectos que la prohibición y, lo más importante, no soluciona el problema de base. Puede tener sentido como una medida temporal, de urgencia, ante la gravedad de la pandemia, pero sigue sin atenderse el gravísimo problema de la vivienda.
El Observatorio de Vivienda, del Ministerio de Transporte, ha publicado un informe sobre la situación de la vivienda social en España (septiembre de 2020). Los datos que aporta son reveladores. En lo que al año 2019 se refiere, el parque de vivienda social en España se encuentra a más de siete puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Mientras que la media de la Unión es del 9% de viviendas sociales sobre el total, en España sólo se llega al 2,5%. O, en términos de porcentaje de la población, la media de la Unión es de cuatro viviendas sociales por cada 100 habitantes, mientras que en España no llega a una. Encabezamos el grupo de cola, por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre.
Si comparamos la situación con los países de referencia, el contraste es dramático. Países Bajos cuenta con un 30% de viviendas sociales sobre el total de viviendas; le siguen Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16,8%). Atendiendo al porcentaje de la población, Países Bajos dispone de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes; le siguen Austria (10%), Dinamarca (9,5%), Suecia (8%), Reino Unido y Francia, ambos con algo más del 7,5%.
Si pasamos al capítulo de gasto, en el periodo 2007 y 2017, Reino Unido gastó de media 439 euros por habitante; Dinamarca, 311; Irlanda, 250; Luxemburgo, 253; Alemania, 204; Finlandia, 208; Suecia, 187; y Países Bajos, 155. En el caso de España, la cifra media de gasto se situó en 35,4 euros por habitante. La media de la Unión fue de 127 euros.
La política de vivienda está en manos, de manera exclusiva, de las comunidades autónomas (art. 148.1.3.ª CE). Así lo ha afirmado de manera reiterada el Tribunal Constitucional (desde la sentencia 152/1988): el Estado carece de competencias. ¿Cuál ha sido la política de vivienda social de las comunidades? Los datos son igualmente reveladores.
Si nos fijamos, por ejemplo, en las comunidades autónomas con mayor parque de viviendas sociales nos encontramos con que Andalucía tiene un parque de 74.784 viviendas; el País Vasco, de 30.705; Madrid, de 20.693; Canarias, de 18.939; Cataluña, de 16.360; Valencia, de 13.960; Extremadura, de 13.500; y Asturias, de 10.464. El informe, por pudor, entiendo, no aplica la misma metodología que sigue para la comparación con la Unión. Si aplicamos el criterio poblacional, por ejemplo, Andalucía cuenta con 0,89 viviendas por cada 100 habitantes; País Vasco, 1,39%; Madrid, 0,31%; Canarias, 0,88%; Cataluña, 0,21%; Valencia, 0,28%; Extremadura, 1,26%; y Asturias, 1,02%.
La situación descrita tiene, como es lógico, una plasmación en relación con la inversión pública en materia de vivienda. El informe aporta el dato correspondiente al año 2019 de la suma de las inversiones por habitante de las comunidades y de los ayuntamientos. El resultado es el siguiente: Andalucía invierte 46,4 euros por habitante; País Vasco, 70,9; Madrid, 74,8; Canarias, 63,5; Cataluña, 41,3; Valencia, 38,1; Extremadura, 63,2; y Asturias, 37,6. Muy lejos, como queda dicho, de la media de la Unión Europea que es de 127 euros por habitante y año.
Es por tanto más fácil reclamar la prohibición de desahucios, enseñar la foto de Adoración, y denunciar las complicidades de los malos mundiales, que invertir en vivienda social. No nos puede sorprender que Cataluña sea la Comunidad Autónoma en la que más desahucios se practican (en el año 2019, 18.356), una de las que cuenta con menos viviendas sociales (0,21 por 100 habitantes) y de las que menos invierte (41,3 euros). Pero siempre será preferible la imagen de los pobres sufriendo la pobreza para luego hacer ostentación obscena de la necesidad; comerciar con la penuria, con la tristeza. Se aprovecharán de los ojos contaminados por siglos del mito del estado de la naturaleza, del buen salvaje, y de la maldad de la propiedad, para convertir la solidaridad con el desvalido en odio hacia aquel que le quita la vivienda. Entretenidos en la terrible escena, no se volverá la vista hacia aquellos que no han ejecutado una política adecuada para que todos puedan disfrutar de una vivienda digna.
Los ojos del buen salvaje no se preocupan por que España no llega a la media de la Unión en parque y en inversión de viviendas sociales. Es preferible pensar que hay un malo, el propietario, que castiga a miles de personas que cada año son arrojadas a la calle; y no que hay unos políticos, enrollados en la bandera del progresismo, que no se preocupan de que los ciudadanos puedan prosperar, de que puedan tener un trabajo decente y de que puedan tener una vivienda digna. Es preferible tener secuestrados a los pobres que hacer todo lo posible para que dejen de serlo porque, cuando dejen de serlo, como decía, Victoria Kent sobre el voto femenino, puede que no nos voten. Mejor, que ni voten, ni dejen de ser pobres.
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