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Discurso de ingreso como Académico de Número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España del Excmo. Sr. D. Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa

01/12/2020
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Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Letrado de las Cortes, Profesor de Derecho Constitucional, antiguo Secretario General del Congreso, Letrado Mayor de las Cortes, Subsecretario de Justicia y Secretario de Estado de Seguridad ha pronunciado su Discurso de ingreso como Académico de Número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España para ocupar la Medalla nº 2 de la misma en sustitución de D. Aurelio Menéndez.

Con el título “La vocación de este siglo XXI por la legislación y los retos para el legislador” y el objetivo de reivindicar la ley aprobada por el Parlamento como instrumento central de la convivencia, y la trascendencia que para ello tiene que las leyes se hagan bien.

La contestación ha corrido a cargo del Catedrático y Académico Tomás Ramón Fernández Rodríguez.

En el Discurso, ha recorrido los problemas que tienen hoy las leyes y el conjunto del ordenamiento, acentuados por las medidas urgentes adoptadas durante la pandemia. Criticando especialmente el abuso de los decretos-leyes.

Frente a quienes consideran que la ley ha perdido su valor al perder sus caracteres clásicos, ha señalado, coincidiendo con el recientemente fallecido Académico Landelino Lavilla, las mejoras en la configuración de la ley respecto al pasado, a partir de la aprobación de la Constitución vigente, que ha contribuido decisivamente a reforzar la ley, al otorgar a la misma la primacía en el cuadro de las fuentes, al tiempo que le ha impuesto límites razonables como el respeto a la igualdad o a los derechos fundamentales.

Pero ha explicado que para que tan valiosa aportación constitucional tenga traducción efectiva, es preciso que los límites se respeten y seamos exigentes con la ley y con el legislador.

Astarloa ha repasado en consecuencia los principios que deben ser respetados para esa configuración exigente de la ley en el siglo XXI y ha apelado a todos los poderes del Estado para ponerlos en ejecución.

Para ello, centrándose en el Parlamento, ha propuesto la reforma integral del procedimiento legislativo, desarrollando las líneas rectoras de la reforma y desarrollando con todo detalle las numerosas medidas concretas que deberían adoptarse.

Ha señalado que la reforma es jurídicamente posible y que se dispone del instrumento adecuado para traducirla normativamente, como son los Reglamentos parlamentarios. Aunque que no es sencilla. Sobre todo porque requiere la voluntad de los políticos, en un tiempo en el que los partidos y los Gobiernos dan preferencia a las urgencias y a sus prioridades políticas, antes que a la reflexión y el debate parlamentario y a la corrección técnica de las leyes.

Pero considera irrenunciable rescatar la ley como instrumento central de la convivencia y propiciar que las leyes se elaboren con corrección y calidad respetando los principios que las deben configurar. Situando a la ley y al legislador en el lugar que constitucionalmente les corresponde. En este momento tiempo en que algunos presentan además la ley como un obstáculo para sus planes políticos no cabe ser negligente con los fundamentos del Estado de Derecho.

Por lo que ha finalizado emplazando a la comunidad jurídica a que reclame que se haga efectiva esa configuración exigente de la ley e impulse con firmeza que a la lógica de los juristas se sume la voluntad de los políticos.

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