MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
En varios autos, los magistrados de la Sección Tercera rechazan los recursos presentados por Villarejo, por su mujer Gemma Alcalá, por el comisario Enrique García Castaño, por Villarejo Gil --hijo del comisario--, el inspector de Policía Antonio Bonilla, Nuria Morales, José Luis García, David Macías, Rafael Redondo --socio de Villarejo en Cenyt-- y Antonio Chaparro contra los autos del Juzgado Central de Instrucción 6 que ponían fin a la instrucción de estas piezas separadas y proponía su enjuiciamiento.
La Sala rechaza todos los motivos alegados por los recurrentes, niega indefensión y vulneración de derechos y avala la decisión del instructor de desgajar el procedimiento en piezas separadas, dada la magnitud de la investigación. "De no ser por la posibilidad de desgajar cada uno de los concretos hechos imputados en piezas separadas, con distintos componentes personales en virtud de los que han sido perjudicados en los diferentes supuestos, el juicio al que el recurrente tiene derecho sería de muy difícil realización", argumenta.
Además, consideran que la ley permite no sólo la investigación sino también el enjuiciamiento por separado de delitos conexos que es lo que ocurre en este caso, pues hay unas personas investigadas en todas las piezas mientras que otras solo lo son en una de ellas en función de los distintos encargos que supuestamente habrían hecho y cuyo enjuiciamiento conjunto carecería de sentido al no estar relacionados entre sí.
IRON: EL ESPIONAJE A UN BUFETE DE LA COMPETENCIA
En la pieza 2 --la primera cuya instrucción concluyó--, denominada Iron, la Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para Villarejo, una pena de 52 años de prisión para García Castaño, 51 años para Rafael Redondo, y 46 años y 9 meses para Gemma Alcalá (entre otros) por diversos delitos relacionados con el encargo del despacho de abogados Herrero&Asociados de espiar a un bufete de la competencia, Balder IP Law.
Villarejo recurrió el auto de pase a procedimiento abreviado señalando que se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a un proceso público con todas las garantías y a disponer de medios y tiempo suficiente para preparar su defensa. Además indicaba que se vio afectado el principio de igualdad de armas entre acusaciones y defensas, y que se había cerrado el caso precipitadamente con diligencias aun por practicar.
Pero la Sala entiende que no debe acoger estos motivos porque cuando el instructor cierra la fase de investigación, lo hace en función de los hechos que han sido objeto de imputación sobre los que ha girado la instrucción de las diligencias previas y que deben ser perfectamenteconocidos por el imputado.
Y añade que cualquier defecto en la incorporación a las actuaciones de documentación "no la ha producido indefensión" al comisario y no justifica la revocación del auto recurrido, "contando además con la posibilidad de proponer pruebas antes del juicio en su escrito de defensa y también al inicio de las sesiones".
Otro de los imputados en Iron, el inspector de la policía Antonio Bonilla ('Boni'), recurrió indicando que el auto de fin de instrucción era nulo porque "no concretaba los hechos que se le imputan ni su calificación jurídica", pero la Sala le responde que el auto recurrido "no carece de motivación ni hay indeterminación de los hechos provisoriamente imputados". Y añade que según auto del juez instructor "participó en la obtención ilícita de información reservada obtenida de bases de datos policiales y de otras fuentes".
GARCÍA CASTAÑO, BONILLA Y REDONDO
Por su parte, García Castaño alegaba en su recurso que el auto del juez instructor "cerraba la instrucción prematuramente sin pronunciarse sobre diligencias" que su defensa había interesado por lo que le generaba indefensión, y añadía además que la resolución llegó en plena pandemia de Covid con las consabidas restricciones de movimiento que conllevó.
Pero la sala le replica que la no práctica por parte del juez de las diligencias de instrucción referidas "no vulnera los principios de contradicción e igualdad de armas" y que la investigación prosiguió en pandemia porque el estado de alarma permitía continuar con las causas preferentes.
El socio de Villarejo, Rafael Redondo, solicitaba en su recurso que continuara la fase de instrucción hasta que todo el material probatorio constara en la pieza y que se ordenara el enjuiciamiento conjunto de los hechos investigados en todas las piezas separadas de investigación. Indicaba asimismo que se vulneraban sus derechos fundamentales a un juicio equitativo y justo, a la tutela judicial efectiva y a su derecho de defensa.
Gemma Alcalá, la mujer de Villarejo, también interesaba que el auto del juez resultara nulo "por falta de motivación" ya que a su juicio "describe hechos indiciariamente delictivos", pero no concretacual ha sido su participación en ellos". Esto, argumentaba, le produce indefensión al privarla del ejercicio efectivo del derecho a los recursos al impedir la verificación de la fundamentación.
Pero la Sala le recuerda que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal el auto con el que se concluye una instrucción sólo deberá expresar sucintamente el criterio del instructor acerca de que los hechos investigados. Y añade que en todo caso, Alcalá habría participado activamente desde el Grupo Cenyt en el 'Proyecto Iron', en el que se obtuvo ilícitamente información reservada de un despacho de abogados.
LAND Y PINTOR
Tanto la defensa de Alcalá como la de Villarejo y la de García Castaño también recurrieron su imputación por el 'proyecto land', en el que se ha investigado el supuesto encargo al comisario jubilado de labores de espionaje en el marco de la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca'. Pero en un auto de 36 páginas la Sala señala acuerda desestimar los tres recursos y confirma íntegramente la resolución de García-Castellón.
Por último, respecto a los recursos de apelación presentados contra el pase a procedimiento abreviado de la pieza número 6 --Pintor--, el tribunal también los rechaza. En 'Pintor' se indagaba sobre el trabajo que Villarejo habría realizado para los empresarios Juan y Fernando Muñoz.
El objetivo era conseguir que el exjuez Francisco Javier de Urquía, ejerciendo ya como abogado, convenciese a uno de sus clientes de que firmase un determinado acuerdo con ellos. Para lograr su cometido, el comisario se habría valido de un vídeo de contenido sexual que grabó en su día al entonces juez en Marbella en connivencia con el traficante de armas Monzer Al Kassar, y que ofreció a los empresarios a cambio de un precio asegurando que era obra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
