UNA FULLERÍA, UN PASTELEO Y UN ATROPELLO
La historia del manoseo del Consejo del Poder judicial está embutida de enredos pero lo que se intenta perpetrar ahora entra en el terreno de la fullería. Una proposición de ley que pretende ser aprobada orillando los informes del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Comisión de Codificación y del Consejo de Estado. El primero con el argumento de que su mandato está caducado y los otros porque se teme que emitan una descalificación contundente. ¿O es que el Consejo de Estado se halla también en funciones?
El argumento es que el Partido Popular, al bloquear la renovación del Poder Judicial, altera el funcionamiento de las instituciones. Y esto lo dicen quienes van a reformar una ley orgánica como la del Poder Judicial sin que el Ministerio competente tenga la probidad de elaborar un anteproyecto, pasearlo por los ministerios, recibir las observaciones de sus secretarías generales técnicas, ser examinado por la Comisión de Secretarios de Estado... y llegar a la mesa del Consejo de Ministros. ¿Es que tal forma -osada, desembarazada- de actuar no supone una alteración del normal funcionamiento de las instituciones?
Los votos de los proponentes más los de quienes se presten a semejante pasteleo sacarán adelante la proposición si se les retribuye en forma. Culminado el atropello, se habrá facilitado la conquista del Consejo del Poder judicial. En él desembarcarán, sin necesidad de consenso alguno, aquellas personas designadas por el PSOE y Podemos. O por el PP y Vox cuando los dados electorales caigan en otra posición.
Si a ello se añade que a ese Consejo del Poder Judicial corresponde nombrar a la élite judicial de forma discrecional, no hace falta ser un arúspice especialmente dotado para imaginar qué jueces van a ocupar los cargos influyentes de la magistratura.
En 2018 se modificó el artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar las facultades discrecionales del Consejo a la hora de nombrar a esa élite judicial y someterse a reglas de mérito y capacidad. No tendrán dificultad los autores de la actual proposición en derogar ese art. 326 y volver al sistema de designación sin cortapisa alguna.
No quiero dar ideas a esos dos grupos parlamentarios, que las tienen y bien perversas, sólo quiero advertir de que, cuando cambien las mayorías políticas, no podrán extrañarse de que otros se entreguen con fruición a nombrar a los suyos.
Lo que se avecina es una hecatombe, el sacrificio ritual de la independencia judicial. Un valor que no parece tener importancia para quienes se rasgan las vestiduras porque se bloquean las instituciones.
Enfatizo una afirmación: los 5.000 jueces españoles actúan con independencia. Sólo cuando aspiran a ocupar puestos relevantes se someten a embrollos político-asociativos.
Para garantizar la independencia de todos procede respetar algunas reglas:
Primera: los 12 vocales deben ser elegidos por los jueces sin que intervengan las Cámaras legislativas. Segunda: el Consejo del Poder Judicial debe nombrar a la élite judicial respetando los principios de mérito y capacidad. Tercera: procede derogar el artículo 330 de la LOPJ, que permite a los partidos en las CCAA designar un magistrado en los tribunales superiores. Cuarta: prohibición de las puertas giratorias entre la justicia y la política. Hoy hay tres ministros que son jueces y que mañana se vuelven a un tribunal como si no hubieran roto un plato.
El profesor Rubio Llorente, persona de la confianza del PSOE, calificó de “chalaneo” todo lo que se urdía en torno a los nombramientos judiciales. ¿Qué diría hoy?
Si este atropello llega a mal puerto, los parlamentarios europeos tendrán que incorporar a España a la hora de vigilar el respeto a los tratados. Hungría y Polonia van a tener compañía.
