BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
La sentencia, consultada por Europa Press, señala que el departamento ha incumplido sus deberes en cuanto a la evaluación de riesgos laborales y riesgos biológicos, suministración de equipos de protección y otras medidas de protección y vigilancia de la salud, como las pruebas PCR.
En este sentido, detalla que durante marzo y la primera quincena de abril "se produjo una situación de desabastecimiento de las mascarillas y guantes de protección que precisaban los agentes", por lo que algunos usaron medios propios y varias comisarías recibieron donaciones de mascarillas y guantes.
Así, el tribunal estima en parte la demanda de conflicto colectivo que el sindicato de Mossos Uspac presentó en mayo, condena a la Conselleria a hacer la evaluación de riesgos laborales y planificar la prevención en todos los puestos de trabajo del cuerpo, y puntualiza que deberá incluir la valoración de riesgos biológicos y bacteriológicos.
Sobre las pruebas PCR, la sentencia recoge que se empezaron los tests a mossos en abril de 2020 a través de dos laboratorios: de unos 2.000 agentes del cuerpo, 875 se hicieron la prueba y el 86% de estos volvieron a su lugar de trabajo.
El 14 de abril se dejaron de hacer las pruebas a raíz de una providencia de la misma Sala del TSJC, que acordó hacer los tests en el domicilio de los agentes, y "se detuvo la realización de las pruebas que se estaban realizando, a la espera de poder realizarlas de acuerdo con las instrucciones o criterios que, la autoridad sanitaria, fijase en esta cuestión".
Desde ese día, médicos de atención primaria hacen pruebas a los agentes de Mossos, pero el tribunal critica que hasta el 28 de abril "se desconoce por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el número de PCR que se han realizado la sanidad pública".
UN 13% DE AGENTES AFECTADOS
Hasta mediados de mayo, en el cuerpo de Mossos hubo 2.466 bajas por Covid-19 y 1.452 altas, lo que supone una afectación del 13,80% de la plantilla, la mayoría de mossos de entre 36 y 50 años.
Sin embargo, la sentencia considera que se ha infringido el deber de protección porque no consta el número de bajas de agentes por coronavirus entre el 10 de marzo y el 1 de abril, y que se reincorporaron antes de hacerse la prueba PCR.
