MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El 'caso Ellacuría' fue uno de los primeros que comenzó a juzgarse en la Audiencia Nacional una vez superado el parón en procesal por la pandemia de covid-19.
Al inicio del juicio, el pasado mes de junio, la Fiscalía eximió a un segundo procesado respecto de quien se estimó la prescripcion de los delitos, el exteniente René Yusshy Mendoza, que era uno de los líderes del grupo de oficiales de élite La Tandona implicado. Yusshy confesó los hechos, ya cumplió condena en su país y ha colaborado con la justicia.
Tras escuchar la declaración del acusado, de los testigos y estudiar la documentación obrante en el procedimiento a lo largo de varias sesiones de juicio, el Ministerio Público elevó a definitiva su petición de 150 años de cárcel para el acusado, 30 por cada uno de los cinco "asesinatos terroristas" de religiosos españoles, entre otros Ellacuría, que cuando fue asesinado era el rector de la Universidad Centroamericana (UCA).
Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a los seis jesuítas así como a la mujer y la hija de 15 años de edad del guardia de la universidad.
Montano ocupaba entonces el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva. Durante su declaración en la Audiencia Nacional negó su vinculación con los asesinatos.
CRIMEN CONTRA ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO
Cinco sacerdotes eran españoles --Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, todos ellos de entre 47 y 59 años--, de ahí que el caso haya llegado a la Audiencia Nacional, ya que es competente para investigar crímenes terroristas contra españoles en el extranjero.
Según el auto de procesamiento dictado en su día, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de 'intensa polarización' entre el Gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un 'proceso de diálogo' y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El excoronel fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera de la celebración de este juicio.
