En el documento de 12 páginas elaborado por la Red, se considera qué más allá de resultar necesaria una regulación específica, deberían incorporarse en la nueva Carta de Derechos Digitales garantías concretas para los ciudadanos frente a la actuación administrativa basada en técnicas de Inteligencia Artificial ya que, más allá de las implicaciones éticas, la revisión de los aspectos legales y regulatorios es de una importancia crucial, tal y como se ha destacado en el reciente informe “Overview of the use and impact of AI in public services in the EU”.
En este sentido, partiendo de unas breves reflexiones conceptuales, se plantea de forma resumida una serie de garantías concretas que deberían incorporarse en la Carta con tal finalidad.
Como punto de partida se insiste en la necesidad de delimitar la tipología y usos concretos de sistemas IA, solo a partir de los instrumentos y funciones concretas puede delimitarse el tratamiento jurídico correspondiente. De igual modo, se describe la realidad de la actual experiencia en el sector público, llamándose la atención de los riesgos y carencias detectados. También se tienen cuenta una doble condición necesaria, respecto de los servidores públicos y del necesario rediseño de procedimientos Y organizaciones. Se señala asimismo otra premisa imprescindible: la mejora de la gobernanza de los datos y facilidades para la reutilización pública de los mismos.
Desde el Derecho, la Red apuesta por la experimentación a través de soluciones jurídicas ya disponibles y la innovación en la regulación y por la redimensión de principios fundamentales de transparencia y buen gobierno y las obligaciones jurídicas derivadas del derecho de los ciudadanos a la buena administración. A partir de ahí se detallan algunas garantías concretas: el principio de transparencia y la aprobación y publicación de los sistemas de IA; el control de la discrecionalidad administrativa y la reserva de humanidad; alrededor de la protección de datos; en torno a al derecho al debido procedimiento y la auditabilidad de los sistemas;) los derechos a la igualdad y no discriminación; el reforzamiento de autoridades, garantías institucionales y control judicial o la gestión contractual. La Red DAIA se ofrece a seguir colaborando en las ulteriores fases del proceso de elaboración de la misma, desde el convencimiento de que la colaboración entre todos los sectores implicados (Administración Pública, Academia y Sector Privado) es el mejor camino para alcanzar una buena regulación.
