Un modelo que define desde “la cooperación basada en el trabajo en equipo, orientada a proyectos y sostenida en una estructura entre iguales” y que resulta, a su juicio, “eficiente y buena para la ciudadanía”.
Campo cree que, tras meses de confinamiento y videoconferencias durante la gestión de la crisis de la Covid, es ahora tiempo de “acordar cómo avanzar y plasmar en acciones concretas las ideas y proyectos que hemos ido desarrollando juntos para llevarlos a buen puerto”.
Ha recordado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la Covid-19 que “nació del diálogo constante y reforzado” en las comisiones de coordinación y que se ha convertido esta semana en Ley de medidas procesales y organizativas gracias al respaldo mayoritario de los grupos políticos en el Congreso (aún pendiente de aprobación en el Senado).
El ministro ve en el acuerdo político alcanzado “un mensaje esperanzador para la ciudadanía y para el sector Justicia” que tiene su traducción en medidas de peso como las cien nuevas unidades judiciales o en pequeños gestos que se convierten en grandes como el nuevo procedimiento para las reclamaciones áreas que evita litigios en los juzgados mercantiles.
En la misma línea, ha defendido los planes de choque para aliviar la carga en los juzgados con medidas que aportarán mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas, con flexibilidad y refuerzo donde se necesite. En este sentido, ha advertido de que “resolver más y mejor” también dependerá de la dotación de personal “para lo que hace falta que todos arrimemos el codo”.
Campo ha anunciado un nuevo modelo que crea “un proceso multilateral en el que todos los operadores institucionales de Justicia velaremos por la calidad del servicio público de Justicia”. Se verá reforzado con la llamada Oficina del dato que será un ejemplo de colaboración inter-administrativa para la observación, seguimiento e intercambio de información y conocimiento.
Además, el ministro ha compartido con las CCAA los objetivos del anteproyecto de Ley de eficiencia procesal y justicia sostenible con el que su departamento espera avanzar en fórmulas de resolución de conflictos más flexibles, dinámicas y eficaces, “algunas de las cuales vienen desarrollándose con buen tino en los territorios”.
El ministro, que defiende el papel de Justicia en la reconstrucción del país, se ha congratulado de que la cogobernanza haya alcanzado distintos niveles; en la relación Gobierno-CCAA, pero también en el consenso político que está propiciando grandes acuerdos y que ha tenido su culmen en el fortalecimiento del proyecto europeo, a través del respaldo de todos los países al Fondo de reconstrucción.
“Una parte de esos recursos que se ejecutarán hasta 2026, tendrá como destino a la administración de Justicia, todavía no conocemos el detalle de la distribución, pero tenemos una gran responsabilidad en el uso de los fondos”, ha dicho, para abundar en que “así se ha reflejado ya en la propuesta del Gobierno de España a Bruselas y así lo plasmaremos en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, para los que os pido máximo apoyo porque son los presupuestos de la recuperación”.
El ministro aspira a que esta primera Conferencia Sectorial de su mandato sea recordada “como un punto de inflexión en la forma de gobernar la justicia desde el diálogo, las ideas y el entendimiento” y de otro lado, por el compromiso de “luchar para no dejar a nadie atrás, para que la España vaciada, ese eufemismo que revela una gran deuda pendiente con una parte de los españoles, pase a ser historia”.
