MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Ejecutivo quiere acelerar la tramitación de estos dos proyectos de ley, además del proyecto de ley con medidas procesales y organizativas para afrontar la crisis derivada del virus Covid-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia, que ya iba por el trámite de urgencia porque procede de un decreto ley.
Concretamente, el Gobierno pide a la Cámara la celebración de "las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación" de estas tres norma, ya sea en comisión como en el Pleno.
Precisamente este mismo martes, el Congreso constituyó las ponencias encargadas de estudiar los proyectos de ley de los nuevos impuestos y, conforme a la petición del Gobierno, para los siguientes pasos ya no habrá que esperar a septiembre, sino que se resolverán en julio.
OPOSICIÓN DE PP, VOX Y CS
Ambos impuestos se sometieron este mismo de mes de junio a su debate de totalidad, superándolo al rechazarse en el Pleno las enmiendas del PP, Vox y Ciudadanos, que en ambos casos buscaron tumbarlos y devolver los proyectos al Ejecutivo.
La 'Tasa Google' gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Concretamente, el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
Para este impuesto, el PP ha propuesto ya no aplicarlo a aquellas plataformas digitales de intermediación que no reciban contraprestación por sus servicios, como Wallapop, habilitar cambios en los umbrales, el tipo impositivo en los Presupuestos Generales del Estado, y retrasar su entrada en vigor hasta la publicación de la directiva europea correspondiente.
Por su parte, la conocida como 'tasa Tobin' gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, pero solamente las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.
En este caso, el PSOE y Unidas Podemos quieren dejar fuera de su aplicación a las operaciones de autocartera --compras de acciones entre entidades de un mismo grupo, mientras que el PP busca eximir, entre otras compras, las operaciones de fondos de pensiones, aquellas realizadas por fondos de inversión que se consideren sostenibles y con carácter social o medioambiental, y las retribuciones a los empleados en acciones.
