MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
En 2007, la Audiencia Nacional confirmó la caducidad de la concesión administrativa a Fertiberia de ocupación de una parcela situada en la margen derecha del río Tinto, junto a la ciudad de Huelva. Entre otros argumentos, la Sala entendió que se habían superado los espesores máximos de yeso depositados y se había utilizado una de las balsas de decantación como vertedero de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Huelva.
Ocho años después, y en el marco del procedimiento de ejecución de la sentencia, confirmado por el Tribunal Supremo, la Sala fijó en 65,9 millones de euros la garantía exigida a Fertiberia para garantizar el proyecto de regeneración ambiental de clausura de las balsas de fosfoyesos.
La Sala vuelve a requerir el aval de esta cantidad al considerar que es "urgente que se garantice la ejecución de la obra", tras conocer la intención de la propiedad de Fertiberia de vender la empresa a un grupo inversor con sede en Jersey (paraíso fiscal). "Existe el riesgo de que Fertiberia no ejecute la obra, sin que ni siquiera se tenga garantías de que vaya a ser posible ejecutarla a su costa", explican los magistrados.
MULTA AL PRESIDENTE SI NO CUMPLE LO ORDENADO
Así, en un auto con fecha del pasado 16 de junio, la Sala advierte de que si no se presenta el aval en el plazo de un mes, se procederá a imponer al presidente ejecutivo y consejero delegado de esta sociedad, Javier Goñi del Cacho, multa de 1.500 euros reiteradas cada 20 días hasta la completa ejecución de lo fijado por el tribunal.
La Audiencia Nacional ya dio un ultimátum el pasado 30 de octubre, después de que Fertiberia afirmara que le era imposible presentar aval, o cualquier otra forma de garantía que no sea la hipoteca, "dada su delicada situación económica, alegando que ya en julio de 2016 ofreció al Ministerio la posibilidad de prestar garantía hipotecaria de un activo, concretamente la fábrica de Puertollano".
La Sala, que subraya que el incidente de ejecución de la sentencia "se ha dilatado extraordinariamente en el tiempo", reitera que no se ha probado "de modo suficiente y fehaciente la imposibilidad de constituir aval o seguro de caución", a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas tanto por los magistrados como por el Ministerio de Medio Ambiente.
INFORME AUDITOR
El auto incluye un informe pericial de PriceWaterhouseCooper sobre la situación financiera de Fertiberia entre 2016 y 2019 que pone "en evidencia", según el tribunal, que la empresa sí ha tenido acceso a financiación, por lo que "podría y debería haber constituido la garantía por importe de 65,9 millones de euros".
Por otro lado, la Sala descarta el argumento de Fertiberia de que de no aceptarse la garantía hipotecaria conllevaría a la declaración de concurso de acreedores. "Tal afirmación se compadece mal con el dato obrante en el informe del Ministerio en el sentido que consta la voluntad de vender la empresa al Fondo Tritón, puesto que si hubiera voluntad de continuar con su objeto social, dicha transacción no se produciría", indica.
