MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Se trata de la segunda vez que el titular de Justicia comparece en la Comisión desde que tomó posesión hace más de tres meses. La vez anterior fue el pasado 17 de febrero para cumplimentar el trámite habitual de exponer a los grupos parlamentarios su proyecto al frente del Ministerio.
Ahora, Campo volverá a la Comisión de Justicia --en la que participó como portavoz del PSOE en anteriores legislaturas-- a instancias del PP y VOX, pero también a petición propia, para informar sobre las medidas que ha adoptado su departamento para luchar contra la pandemia del coronavirus y sus consecuencias.
Otro de los asuntos que se abordará será el sistema establecido para el recuento de fallecidos por el Covid-19, por lo que deberá explicar los motivos que impiden a los Registros civiles informar sobre la cifra real de víctimas del coronavirus. Asimismo, el ministro informará sobre las cifras totales de fallecidos en España en los meses de febrero, marzo y abril de este año en comparación a los mismos meses de 2018 y 2019.
RECUENTO DIARIO DE FALLECIDOS
Los Registros Civiles llevan desde el pasado 4 de abril cumpliendo con el mandato de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, remitiendo diariamente una relación en la que conste "el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual".
Los funcionarios de los Registros y secretarios judiciales a cargo ya han alertado de los problemas que están teniendo para poder recabar los datos debido al colapso de las oficinas porque hay un mínimo de trabajadores presenciales, las licencias de enterramiento a expedir se están acumulando por el aumento de la mortalidad a causa de la pandemia, así como la falta de datos para poder realizar el registro.
Con respecto a las medidas acordadas durante el estado de alarma en el ámbito de la Administración de Justicia, el Ministerio ha dictado varias resoluciones para la organización y gestión de unos servicios mínimos de funcionarios --trabajadores sobre los que tiene competencia en este sector-- que garanticen la prestación de los servicios esenciales que el Consejo General del Poder Judicial estableció con la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo.
PLANES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA JUSTICIA
En esta línea, Juan Carlos Campo, previsiblemente, también pondrá en conocimiento las tres líneas de trabajo que se han establecido en coordinación con la denominada Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia --Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia y el Consejo General de la Abogacía Española-- para evitar el colapso de los juzgados y tribunales una vez que se levante el estado de alarma.
En primer lugar, un real decreto-Ley para adoptar las medidas procesales y organizativas más urgentes y necesarias para la reactivación de los tribunales, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de abril.
Una norma de 28 artículos que incluye medidas como habilitar parte del mes de agosto, establecer turnos de mañana y tarde para funcionarios de la Administración de Justicia, permite celebrar juicios telemáticos, crea un procedimiento exprés para revisar el pago de pensiones y las visitas de separados con hijos y establece la tramitación preferente de asuntos derivados de la crisis sanitaria como las demandas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Por otro lado, Justicia quiere sacar adelante una ley para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con un especial énfasis en la transformación digital de la administración de Justicia.
Por último, también se pondrá en marcha un 'plan de choque', que prepara en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, para la agilización de los órdenes social y contencioso-administrativo y de los juzgados de lo mercantil, que deberá ser aprobado por el Gobierno en un plazo máximo de 15 días desde que se levante el estado de alarma.
