MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Asimismo, ha telefoneado este jueves a los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) para agradecerles la carta que le han enviado, al igual que al Ministerio de Justicia, para mostrar su disposición a colaborar en la elaboración de dicho plan.
En estas conversaciones, el presidente del Poder Judicial les ha informado de que ya ha comenzado a elaborar dicho plan de choque y que, una vez que se disponga del documento base, se habilitará un cauce de participación para que las asociaciones puedan hacer sus aportaciones, según ha informado el CGPJ en un comunicado.
Entre la ronda de contactos, Lesmes también ha conversado con otros operadores jurídicos que participarán en el plan de agilización y ha llamado a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; al presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; y al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, para informarles de los detalles del mismo.
COORDINACIÓN
Debido a que el plan que se está diseñando se pondrá en común con las iniciativas que también está abordando el Ministerio de Justicia, el presidente del órgano de gobierno de los jueces también se ha puesto en contacto con el ministro Juan Carlos Campo para "actuar en todo momento de manera coordinada", apunta el comunicado.
Así, estos contactos iniciales también se han producido ya con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se contará "en su momento" con las Comunidades Autónomas que tienen asumido el ejercicio de competencias en materia de Administración de Justicia, apunta el comunicado, indica el CGPJ.
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, que obliga al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, a aprobar medidas de agilización procesal tras el levantamiento del estado de alarma.
La disposición adicional 19 de dicha norma establece que "una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo", el Gobierno aprobará "a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días", un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en la jurisdicción social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo mercantil.
Previsiblemente, estos juzgados será los que se vean más afectados tras el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento y las medidas excepcionales aprobadas por el Ejecutivo, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
