MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La sentencia dada a conocer este jueves, de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca, reitera que en este caso el presidente del Parlament, Roger Torrent, vulneró los derechos de los diputados autonómicos de Ciudadanos al no atender a sus reparos respecto a la Moción 5/XII, aprobada el 5 de julio de 2018, varios de cuyos apartados reiteraban los objetivos de una resolución anterior sobre el inicio del proceso de creación de un estado catalán que ya fue declarado inconstitucional en 2015.
Al igual que en el caso del PSC, el TC establece en esta nueva resolución que se ha lesionado el denominado 'ius in officium' que ostentan los parlamentarios para poder ejercer adecuadamente su función pública, así como la función de representación política de la ciudadanía.
Según el TC las cámaras legislativas pueden controlar el contenido material de las iniciativas parlamentas, pero tienen la obligación de impedir la tramitación de las propuestas cuya "inconstitucionalidad sea palmaria y evidente", como es el caso de la moción en cuestión.
Por ello, los magistrados del tribunal de garantías entienden que la decisión de la Mesa constituye un "manifiesto incumplimiento de su deber de respetar lo resuelto" por el TC, lo que deriva en la vulneración de los derechos de Ciudadanos,, que representan una minoría parlamentaria.
Asimismo, el TC apunta "conflictividad" entre los diputados de la oposición y "los grupos parlamentarios que integran la mayoría parlamentaria" lleva presente en el Parlament desde las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, "cuyos resultados son interpretados por quienes ostentan la mayoría de escaños en la Cámara como un mandato democrático" dirigido a conseguir que "Cataluña sea un estado independiente".
