GRANADA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
En una sentencia notificada este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha dado así la razón a la dirección del PP al estimar su recurso contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 7 de Granada que anuló el XIV Congreso Provincial y obligaba a repetirlo por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del reglamento de organización de esta formación.
La Audiencia ha revocado esta sentencia alegando que la persona que promovió la demanda, el entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan García Montero --que aspiró a liderar el partido en este congreso-- perdió su condición de militante tras darse de baja voluntariamente y concurrir a las pasadas elecciones con las siglas de un nuevo partido fundado por él mismo.
Por ello, argumenta la Audiencia, esta persona no ostenta legitimación en la actualidad para mantener esta demanda, lo que "genera falta de interés en el recurso".
Así, "necesariamente ha de dejarse sin efecto la sentencia en cuanto quien sostiene la acción carece ya de la condición para ello y desaparece el objeto del proceso mismo", expone la sentencia, contra la que caben recursos de casación o infracción procesal.
García Montero, hasta el pasado mandato concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, llevó este congreso a los tribunales alegando supuestas irregularidades.
El juez estimó íntegramente su demanda contra el PP de Granada y declaró la nulidad de una Junta Directiva Provincial en la que se abordaron asuntos vinculados al congreso, dejando sin efecto la convocatoria del mismo, "así como todo el proceso congresual celebrado posteriormente", acordando retrotraer el congreso a su inicio, debiendo convocarse de nuevo la Junta Directiva Provincial.
Durante el juicio, varios cargos del PP de Granada reconocieron ante el juez que no se revisó que los afiliados estuvieran al corriente de pago de las cuotas para votar en el congreso provincial de la formación. El Juzgado de Primera Instancia mantuvo entre otros extremos que, de acuerdo al reglamento del congreso y a lo recogido en los estatutos, era obligatorio estar al corriente de pago para poder votar.
