MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Así lo ha trasladado la presidenta de la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, a Andrés Herzog, abogado que defiende a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación que ha mantenido desde un principio que la declaración de Lagarde es fundamental para aclarar el papel del organismo internacional en la crisis de BFA-Bankia.
Aunque Lagarde había sido citada a declarar como testigo el día 8 de mayo por videoconferencia, desde el FMI se acogieron a su "política de inmunidad" y comunicaron que era "complicado" que realizara una videoconferencia, siendo habitual la vía del cuestionario.
De este modo, la CIC preparó un cuestionario que consta de seis preguntas y que fue recibido por Lagarde el 25 de junio, si bien la semana pasada dijo que lo había recibido en "mal estado", por lo que pidió que se ampliara el plazo para responder hasta el próximo 16 de agosto.
Los juzgados españoles cierran sus puertas en el mes de agosto, por lo que extender el plazo de entrega de las respuestas, que además deben ser traducidas y aprobadas por el Ministerio de Economía y Empresa antes de su incorporación al proceso, implicaba tener que esperar al menos hasta septiembre.
Es por esto que, después de casi ocho meses desde que comenzara el juicio, Murillo no está dispuesta a continuar alargando el proceso, de modo que ha decidido rechazar la petición de Lagarde y ha manifestado su voluntad de terminar este mes de julio con la fase pericial, que se inició el pasado 17 de junio.
De este modo, en caso de que en las próximas cuatro semanas no llegue la respuesta de Lagarde, la presidenta del tribunal de Bankia no admitirá su testimonio. La CIC tendrá que renunciar al mismo después de varios meses insistiendo en que se intentara hasta el último momento.
EL CUESTIONARIO
La primera de la cuestión que debería aclarar la directora del FMI --quien asumirá la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) el próximo 1 de noviembre en sustitución de Mario Draghi--, es la opinión que el organismo internacional tenía sobre la situación del grupo bancario en el primer semestre de 2012 y sobre su decisión de salir a Bolsa, materializada el 20 de julio de 2011.
La Confederación también justifica la testifical de Lagarde por el Programa de Evaluación del Sistema Financiero Español (FSAP, por sus siglas en inglés) que desarrolló el FMI entre febrero y abril de 2012. El FMI llegó de 'misión' a España el 1 de febrero, con un equipo de 16 personas encabezado por Ceyla Pazarbasioglu.
La jefa de la misión se reunió con el entonces presidente de Bankia Rodrigo Rato y el que fuera ministro de Economía y Empresa Luis De Guindos (ahora vicepresidente del BCE) el 15 de febrero y el 25 de abril se hizo público el avance de su informe, en el que, en referencia a Bankia, se aconsejó tomar medidas "rápidas y decisivas" para fortalecer sus balances.
De este modo, también se solicita a Lagarde explicaciones sobre con qué antelación se preparan las revisiones o auditorías financieras del FSAP y si en la correspondiente a España de 2012 fue también objetivo de análisis el proceso de constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) de BFA-Bankia y la salida a Bolsa de la entidad, indicando desde cuándo y por qué había preocupación por la situación de la entidad.
Otra pregunta se refiere al contenido y las conclusiones obtenidas de las reuniones y contactos mantenidos por los representantes del FMI con Rato y con De Guindos en febrero de 2012, incluyendo la valoración realizada por el FMI sobre la intervención del Banco de Valencia y la actuación de BFA-Bankia en relación a dicha circunstancia.
Así, además de los referidos contactos, la CIC pide a Lagarde que diga si en la misión encargada de la evaluación del FSAP se reunió con los responsables del Banco de España y otras autoridades o entidades supervisoras, explicando el resultado y el contenido principal de los encuentros.
Respecto a las "importantes necesidades de capital" que se estimaban y el "necesario recurso a la financiación pública" para preservar la estabilidad financiera que se indican en las conclusiones preliminares del FSAP publicadas el 25 de abril, el cuestionario pide a Lagarde que concrete qué cifras de ayudas públicas consideraban necesarias para solucionar la crisis de BFA-Bankia y si las mismas se sustentaban en informes o análisis de algún tipo, así como qué soluciones requería el FMI para "evitar el contagio a otras entidades".
