MELILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La intervención contra el viceconsejero de Festejos y los empresarios que trabajan con su área se desarrolló el 12 enero de 2016, hace tres años, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) realizara la actuación enmarcada en la Operación Tosca, que investigaba desde 2012 el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad por presuntas irregularidades en la contratación pública de la Ciudad Autónoma.
La operación, que se desarrolló desde primera hora de la mañana, se saldó con las detenciones del viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz y varios empresarios adjudicatarios de diferentes contratos de la Ciudad Autónoma.
Tres años después y sin necesidad de juicio, la titular de dicho juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa al no haber hallado acreditación de la perpetración del delito.
Díaz ha evitado dar su valoración sobre esta decisión judicial y se ha remitido a una comparecencia pública que protagonizará este miércoles. No obstante, ha podido adelantar que ha estado tranquilo estos tres años "porque estaba convencido de mi inocencia" si bien ha admitido que sobrellevar "este peso en una ciudad pequeña es duro".
Francisco Díaz ha querido agradecer el trato que le ha dado durante todo este tiempo lo medios de comunicación porque asegura que han respetado su presunción de inocencia, igual que el Gobierno de la Ciudad Autónoma y su presidente Juan José Imbroda (PP), que decidió mantenerlo en el cargo al estar convencido de que no había cometido ninguna irregularidad.
El viceconsejero de Festejos ha apuntado que respeta la decisión judicial y cree que se ha hecho justicia con él y las demás personas que habían sido imputados en esta pieza separada de la Operación Tosca.
