MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Así se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción que elabora el órgano de gobierno de los jueces, que se ha dado a conocer este viernes tras incorporar los datos correspondientes al último trimestre de 2018.
En comparación al año anterior, en 2018 se procesaron o sentaron en el banquillo por haber cometido presuntamente delitos de corrupción casi a la mitad de personas que en 2017, pues, según los datos ofrecidos en ese año se vio indicios de delito en 411 personas.
De los 48 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 15 corresponden a los últimos tres meses de 2018, cuando se acusaron a 65 personas.
Así, una vez se han recogido las cifras de todo el año pasado, se desvela que la Audiencia Nacional terminó la investigación de dos causas, mientras que el Tribunal Supremo concluyó una. En cuanto a comunidades autónomas, la que más instrucciones concluyó fue Comunidad Valenciana (12), seguida de Andalucía (11) y Castilla-La Mancha (5), según estos datos.
SE DICTARON 63 SENTENCIAS
Por otro lado, el repositorio informa de que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, juzgados y tribunales dictaron 63 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 40 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 63,4 por ciento del total. Las 23 restantes, en torno a un tercio del total, fueron absolutorias.
Asimismo, en este informe también se puede consultar que en el cuarto trimestre de 2018 fueron notificadas 5 sentencias, de las cuales solo dos resultaron condenatorias.
El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores: personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, entre otros.
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en este documento tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
