VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Sala Segunda del Supremo estima así parcialmente el recurso de casación interpuesto por la letrada Lorena Iglesias y establece una rebaja de dos años a la pena que en junio de 2018 impuso la Sección II de lo Penal de la Audiencia Provincial, que consideró probado que la encausada cometió un delito continuado de apropiación indebida, con las agravantes de reincidencia y la cuantía apropiada--al superar los 50.0000 euros-.
La sentencia del Alto Tribunal también rebaja la multa de 3.600 a 2.850 euros, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, se mantiene el abono de indemnizaciones por el importe recibido globalmente por los damnificados y la inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena de Julia M.A.H, actualmente interna en un penal madrileño.
La discrepancia entre los acusadores estriba en que el fiscal entendía que los hechos eran constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y las dos acusaciones particulares consideran los hechos constitutivos de delito continuado de estafa.
El juicio por estos hechos tenía que haberse celebrado el 25 de abril de 2017, si bien tuvo que suspenderse ante la incomparecencia de la procesada, que, además, había pactado previamente la condena pero que una semana antes de la vista desapareció sin dejar rastro, lo que provocó la indignación no sólo de su propia defensora sino de las acusaciones particulares.
EUROORDEN DE EXTRADICIÓN
Su fuga a Polonia, donde fue detenida a primeros de marzo de 2018, obligó a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, presidida por Feliciano Trebolle, a dictar la primera euroorden de extradición de su historia que se hizo efectiva a primeros de abril, cuando J.M.A.H, fue devuelta a España por la justicia polaca e ingresó en el penal de Alcalá Meco, del que luego sería trasladada a Soto del Real y finalmente al Centro Penitenciario de Valladolid.
La empresaria fue detenida en agosto de 2014 a raíz de las numerosas denuncias recibidas contra su persona--el número de perjudicados se eleva a cuarenta--en las que se ponía de manifiesto que a lo largo de ese año había recibido distintas cantidades de clientes por contratar y reservar paquetes de vacaciones a China, Malta, Paraguay, República Dominicana, EE.UU, Marruecos, Filipinas, Venezuela y otros destinos en España, con billetes de vuelo, reserva de hoteles y otros servicios, que, como así pudieron comprobar más tarde los afectados, nunca llegaron a formalizarse.
Algunos de ellos se percataron de lo ocurrido tiempo después de contratar sus servicios cuando acudieron a la agencia, entonces situada en el número 170 del Paseo de Zorrilla, y se encontraron con la oficina cerrada. Otros descubrieron que las reservas y contratos realizados por con la agencia habían quedado anulados por falta de pagos, por lo que no podían disponer de los servicios contratados.
Se dio el caso de una clienta, M.G, que el 30 de julio de ese año se personó en el aeropuerto de Barajas, dispuesta a tomar un vuelo a Buenos Aires, y le indicaron entonces allí que su reserva estaba cancelada.
La afectada contactó con la acusada para pedirle explicaciones y ésta se comprometió a solucionarlo lo antes posible y le sugirió que se hospedase en Madrid hasta la resolución del problema, ya que la agencia se haría cargo de todos los gastos. Finalmente, tras varios días hospedada, y al no tener noticias de la agencia, la mujer tuvo que regresar a Valladolid y pagar todos los gastos.
ADOPCIÓN EN PELIGRO
Pero el caso más llamativo es el vivido por María del Carmen y su marido, vecinos de Zaratán, quienes recordaron aún con angustia los prolegómenos del viaje que a primeros de agosto de 2014 iban a efectuar hasta Filipinas para poner el broche así a cinco años de gestiones para lograr adoptar a un niño.
Los testigos relataron que contrataron el vuelo y la estancia con la acusada, Julia M.H, a la que desembolsaron un total de 4.200 euros. "Nos habían asignado a un niño en adopción y el 11 de agosto de 2014 teníamos que estar en Filipinas para recogerlo", indicó María del Carmen, quien, con la voz entrecortada, recordó que el día anterior de salir en avión se enteraron de que no tenían vuelo.
"Mi marido acudió a la agencia y se encontró con el cartel de cerrado por vacaciones", declaró la denunciante, quien añadió que a partir de ese momento quedó en estado de shock al comprobar que la dueña de la agencia comenzaba a dar largas por teléfono y luego dejó de atender las llamadas. "Me había dicho que todo estaba ok, es la frase que se me había quedado grabada", precisó María del Carmen, que entonces no paraba de pensar que a miles de kilómetros de distancia les esperaba su hijo adoptivo de 7 años en una terminal de aeropuerto.
Al final el matrimonio, con la ayuda de su familia, pudo efectuar el vuelo y regresar felizmente con su hijo, pero no precisamente gracias a las gestiones de la condenada. "¡La acusada parecía que tenía con nosotros una empatía tremenda y estaba encantada de ayudarnos a cerrar el proceso de adopción!", se lamentó la denunciante, que pasados cuatro años sigue sin recibir un euro desembolsado.
MENORES CON BILLETES SOLO DE IDA
También se dio el caso que otro cliente, Alejandro F.P, que contrató con la agencia Vibolid seis billetes de avión a la República Dominicana con distintas fechas. Dos menores volaron con normalidad a su destino el 27 de junio, pero cuando el denunciante se personó el 5 de agosto en el aeropuerto de Madrid-Barajas para facturar, descubrió atónito que tenía en su poder reservas y no billetes, por lo que no podía viajar, e incluso le advirtieron de que los menores --sus hijos-- habían volado con billetes de ida, pero que no tenían los de vuelta.
Otros como Laura Isabel M. y Daniel R.G habían encargado un viaje a Malta entre los días 9 y 14 de agosto. Una vez allí, la pareja tuvo que buscarse hotel y pagar 350 euros porque la acusada había comprado los billetes pero no había gestionado alojamiento, mientras que en otro caso seis personas vieron frustrado su viaje a EuroDisney que tenían previsto efectuar, y un padre y su hija, que se disponían a viajar a Santo Domingo, también fueron informados en pleno aeropuerto de que no contaban con billetes.
Se da la circunstancia de que la procesada ya ocupó el banquillo, por hechos similares, en 2012, cuando entonces fue condenada a un año y medio de prisión por sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, posteriormente ratificada por la Audiencia de Valladolid.