ESTADO DE DERECHO Y LIBERTAD
La auténtica democracia es aquella relacionada con el Estado de Derecho como principio de gobierno, según el cual, todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de Derechos Humanos.
Que en España existe una democracia está fuera de toda duda. Vivimos en un Estado que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas, dentro del respeto a la ley. Por eso, cuando se intenta desbordar nuestro modelo constitucional fuera de los cauces legales establecidos, la Constitución no puede renunciar a defenderse, porque ello supondría renunciar a sus principios y valores así como del propio Estado democrático de Derecho. La democracia no existe sin reglas, sin Derecho, pues los derechos civiles y políticos sólo se respetan porque la ley los preserva. Sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y en libertad, ni en España ni en ningún lugar del mundo.
Gozamos hoy de una Constitución que igual que considera el deber de los Tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado como una función esencial del Estado, entiende el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos sin excepción como un verdadero derecho fundamental de cada uno de ellos. El respeto a todas estas garantías hace que las decisiones de los Tribunales sean en España constitucionalmente legítimas y que todos los ciudadanos podamos ver en ellas la acción de la justicia y la legitimidad de la democracia.
Este modelo de Estado en que el Derecho protege las libertades y derechos ciudadanos cuenta con la ley como expresión de la voluntad popular y requiere de un verdadero compromiso de todos con el respeto a las normas que rigen la convivencia.
El problema es cuando se olvida, como recientemente ha ocurrido en España, que en toda democracia lo que debe primar es el Estado de Derecho, socavando la armonía y la convivencia en la propia sociedad. Y así, hemos visto cómo los principios democráticos han sido olvidados y humillados, en manos de personajes ineptos, que ha traído como consecuencia que muchos ciudadanos se sientan decepcionados con la política. En este sentido, son urgente alternativas ilusionantes para recuperar la confianza del pueblo en sus representantes. De alguna forma, los partidos políticos son los guardianes de la democracia.
Ante situaciones políticamente dramáticas, como las vividas en los últimos meses, conviene recordar que “somos libres cuando todos nos sometemos a la ley; y perdemos esa libertad cuando la ley deja de ampararnos. Por eso, lo que no es legal, no es democrático” (M.R.B.). ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad y desprecio por la ley y la democracia? ¿Qué significa para esos políticos el Estado de Derecho y la libertad?
Desde que recuperamos la democracia, los españoles han sabido encontrar un espacio para el acuerdo. Ese acuerdo une generaciones, territorios y personas en un proyecto común, la Constitución de 1978, fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz, por la firme voluntad de vivir en democracia, que ha convertido a nuestro país en uno de los mejores del mundo.
En este sentido, merece destacarse la próxima celebración en Madrid del Congreso Bienal de la “World Jurist Association” (WJA), como foro abierto donde profesionales del derecho de más de 140 países, trabajan y cooperan para reforzar y expandir el imperio de la ley.
Actualmente vivimos tiempos de graves desafíos en un contexto de crisis mundial. La defensa del Estado de Derecho y el respeto a las libertades cobran una nueva relevancia, exigiendo el compromiso y responsabilidad de todos. Por eso, con toda justicia, la WJA ha decidido honrar al Rey Don Felipe VI por su papel como garante de la libertad en España, como defensor del proyecto común y del gran pacto de convivencia ciudadana que representa nuestra democracia.
El estudio y análisis de los grandes asuntos que preocupan a los ciudadanos sobre los que el mundo del Derecho y la Justicia deben responder, es siempre necesario para la convivencia en democracia y en libertad. Y aunque es cierto que la solución a los más graves conflictos sociales debe buscarse principalmente a través de la acción política, el respeto al Derecho es irrenunciable, como también lo es su constante salvaguarda judicial. La construcción del Estado de Derecho tiene que desarrollar instrumentos para que estos conflictos se resuelvan de forma pacífica y justa, y conforme con el ordenamiento jurídico. Por ello, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones así como la vigencia del Estado de Derecho.
Lejos de impedir la democracia, la ley establece la mayoría que deberá ser consultada cuando se trata de modificar aspectos fundamentales del orden político. En otras palabras, contraponer la legitimidad democrática al principio de legalidad vendría a traslucir una defectuosa comprensión de lo que es la democracia. No cabe concebir la democracia sin el imperio de la ley, que está estrechamente ligado al constitucionalismo. La Constitución, en definitiva, crea el marco ordenado y estable dentro del cual los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos y tomar las decisiones pertinentes.
Hoy, más que nunca, habida cuenta de las circunstancias en que se encuentra nuestra sociedad, debemos apoyar las instituciones y explicar a nuestros jóvenes que la democracia es el mejor de los sistemas de convivencia porque en ella la Constitución y las leyes que aplican los jueces representan la voluntad general, en estrecha colaboración con los juristas y abogados, de forma que ambos desarrollan una labor imprescindible para hacer realidad el Estado democrático de Derecho y garantizan el respeto al sistema de derecho fundamentales y libertades públicas que nos hemos dado los españoles, sin olvidar que la libertad, en una democracia, depende de los controles sobre el poder, y eso a su vez depende de la transparencia.
