MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La estrategia de defensa de Trapero se aleja así del resto de acusados en las causas abiertas tras el proceso independentista en Cataluña, ya que tanto los procesados por el Tribunal Supremo como los exjefes políticos de la policía autonómica que también irán a juicio en la Audiencia Nacional han cuestionado la competencia de estos dos tribunales.
El Supremo ya celebró el pasado mes de diciembre su propia vista del artículo de previo pronunciamiento, donde las defensas de todos los acusados defendieron trasladar el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Sala que preside el magistrado Manuel Marchena ya descartó esta posibilidad, aunque sí envió allí la causa contra los acusados por desobediencia.
En la vista del artículo de previo pronunciamiento de este martes, será la defensa del secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig la que cuestione la competencia de la Audiencia Nacional. A este planteamiento se adhirió después el abogado del exdirector de los Mossos Pere Soler.
Sin embargo, los representantes legales del mayor de los Mossos y de la intendente Teresa Laplana no se han sumado a esta estrategia. Según han informando a Europa Press fuentes de la defensa de Trapero, en la vista del martes no se pronunciará ni a favor ni en contra de la competencia del tribunal y esperará a la decisión que tome finalmente la Sala.
Para la vista del artículo de previo pronunciamiento, que comenzará a las 10.30 horas en la sede de la calle Génova de la Audiencia Nacional, no es necesaria la asistencia de los cuatro acusados, por lo que es previsible que únicamente estén presentes sus defensas. Después, el tribunal deberá deliberar y tomar una decisión, que quedará plasmada en un futuro auto.
La celebración del juicio, no obstante, tendrá que esperar. En caso de que la Sala de lo Penal rechace las alegaciones de competencia de Puig y Soler, la vista oral será señalada más adelante y no comenzará previsiblemente antes del verano debido a la gran carga de trabajo de la Audiencia Nacional y el número limitado de salas.
Trapero, Puig y Soler están acusados de rebelión y se enfrenta cada uno a 11 años de cárcel, según el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para Laplana, sin embargo, el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión por un delito de sedición.
