BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, el alto tribunal catalán afirma que las acciones cometidas han causado "una importante incidencia en la apertura de los edificios judiciales, al punto de obligar el cierre de algunas instalaciones", y rechaza cualquier acción que busque alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado.
De madrugada, los CDR han lanzado excrementos y basura y han realizado pintadas en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en los juzgados de Vic, Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners (Girona), Solsona (Lleida), Tortosa (Tarragona) y en el Palacio de Justicia de Vinaròs (Castellón).
Según el TSJC, estas acciones han tenido "influencia directa en el servicio al ciudadano, por no poder ser atendidos con la dignidad que merecen", y han lamentado los perjuicios a jueces, fiscales, letrados y letradas y conjunto de profesionales.
La Sala de Gobierno ha exigido responsabilidades por estas actuaciones, que se ya han repetido en varias ocasiones, y ha considerado que son "inaceptables en un Estado de Derecho".
"Estas acciones coordinadas, que vienen repitiéndose desde hace meses, constituyen un ataque material que no altera la normalidad con la que los representantes del poder judicial en cada partido judicial atienden y resuelven los asuntos que los ciudadanos les plantean en defensa de sus derechos", han expresado.
