MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Se trata del exjefe de seguridad de Chávez Adrián José Velásquez; la esposa de éste, Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido presidente venezolano; y José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El Gobierno de Nicolás Maduro les reclama a los tres por delitos económicos, si bien la Audiencia Nacional sólo autorizó la entrega de dos primeros sospechosos, mientras que rechazó la del tercero por considerar que existe riesgo de que sea sometido allí a "tratos inhumanos o degradantes" en caso de ser encarcelado.
Todas estas resoluciones fueron recurridas ante el Pleno de la Sala de lo Penal, que revisará los recursos justo en un momento en el que la situación política de Venezuela se encuentra en el punto de mira después de que el opositor Juan Guaidó se autoproclamara presidente de la república y distintos países iberoamericanos, además de Estados Unidos, Canadá y el Parlamento Europeo, le hayan reconocido como dirigente legítimo.
Los tres casos que abordará la Audiencia Nacional son muy similares en lo que respecta a que se trata de personas que eran afines al régimen de Chávez y ahora son reclamadas por los herederos de dicho régimen por delitos de índole económica. Otra similitud es que los tres investigados se opusieron su entrega a su país alegando que son perseguidos por el actual Gobierno de Maduro y que existe riesgo de que sean sometidos a torturas si son encarcelados.
A LOS PRIMEROS NO SE LES CONSIDERÓ OPOSITORES
Las distintas secciones de la Sala de lo Penal han emitido en los últimos meses resoluciones discordantes en lo que se refiere a estos antiguos cargos del régimen chavista. La primera fue Claudia Patricia Guillén, investigada por delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito, a quien la Sección Tercera acordó en octubre extraditar porque en su caso "concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo" dado que en Venezuela se le reclama por delitos que en España equivalen a los de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El tribunal descartó las alegaciones de persecución política porque "sin desconocer que existe un clima de convulsión e inestabilidad político y social en Venezuela" de acuerdo a diversos informes de organismos internacionales, "no deja de ser una alegación absolutamente genérica".
En el caso de Adrián José Velásquez, investigado por los mismos delitos, la Sección Segunda también acordó un mes después su entrega a Venezuela, al rechazar igualmente sus argumentos sobre posible vulneración de los Derechos Humanos, ya que afirmó que la persecución política en el aquel país se dirige contra opositores políticos y no contra funcionarios del anterior gobierno, del que el actual régimen es "continuista".
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
La diferencia de criterio la introdujo la Sección Cuarta en el caso de José Ramón Sánchez Rodríguez, investigado en el país latinoamericano por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Los magistrados no advirtieron en la reclamación de las autoridades bolivarianas "motivación espuria" ni que detrás de ella haya "motivos políticos", si bien consideran que "no procede acceder a la entrega por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" que establece la Constitución Española, la cual establece que todos los ciudadanos tienen "derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
Este supuesto constitucional, apuntó la resolución, se halla "siempre concernido en los procedimientos de extradición" y fue el motivo que pesó más para el tribunal a la hora de decidir si entregaba al antiguo contable de PDVSA.
