MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Así ha contestado la titular de Justicia al documento con "11 propuestas básicas para la mejora de la Administración de Justicia" que hicieron llegar las cuatro asociaciones judiciales y la tres de fiscales a ejecutar para desconvocar las protestas, tal y como afirmaron en un comunicado difundido la semana pasada, en el que anunciaron un primer paro los próximos 5, 6 y 7 de marzo, durante cuatro horas. Unas movilizaciones que "podrán verse repetidos en meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, semanales e, incluso, paros indefinidos".
Entre la decena de iniciativas "claras, alcanzables y con mínima dotación presupuestaria" --como dijeron los jueces y fiscales--, se encuentran la paralización de la 'Justicia Digital'; el aumento de las retribuciones conforme a la responsabilidad del cargo, por sustituciones; la "recuperación del exceso de bajada" sufrida por la crisis económica; la convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal; o el incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales (80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado.
MATIZACIONES
Delgado, en su "firme compromiso de diálogo" con los profesionales de la Justicia, ha querido hacer "una serie de matizaciones" y ha informado del estado de tramitación en el que se encuentra la mayoría de ellas. En este sentido, ha explicado que ocho de ellas ya están en plena tramitación o implementadas, mientras que otras tres no corresponden al Ministerio de Justicia desarrollarlas.
Asimismo, subraya que muchas de las exigencias por las que el año pasado jueces y fiscales hicieron dos huelgas ya han sido satisfechas. Es el caso de la "sustitución del sistema presidencialista del Consejo General del Poder Judicial", ya que con la reciente reforma de la LOPJ se ha devuelto la competencia exclusiva a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.
También se ha establecido en esta misma ley criterios de "transparencia" en los procesos de selección de los altos cargos judiciales o la limitación de mandatos; la recuperación del régimen de vacaciones y permisos suprimidos en 2012; o la implantación de las cargas máximas de trabajo, materializada en un acuerdo firmado con el CGPJ a finales del pasado mes de diciembre.
Tras todo esto, la ministra se ha centrado en esas propuestas y ha destacado que alguna de ellas no son su competencia como es la derogación de tres artículos de la citada normal. En este sentido, ha dicho que es "fruto de mayorías parlamentarias" y es al Poder Legislativo "quien corresponde en el último término decidir cualquier cambio".
USURPAR EL PODER LEGISLATIVO
Asimismo, sobre una de las principales reivindicaciones, la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que fija la duración de las instrucciones de las causas penales, ha insistido en que mantiene su disposición a su derogación pero no será posible hasta el PP y Ciudadanos no "desbloqueen en la mesa de la Cámara la tramitación de la iniciativa que, sin embargo, cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos políticos".
Al mismo tiempo, ha apostillado que no es posible hacer efectiva la eliminación del dicho artículo mediante un Real Decreto-Ley debido a que en el Congreso reside una iniciativa con el mismo objeto. "Supondría un riesgo de que el Real Decreto-Ley fuese llevado ante el Tribunal Constitucional por cualquier grupo político alegando que se están usurpando funciones al Legislativo", ha indicado.
Otra de las peticiones expresas de las asociaciones es la convocatoria de 300 plazas para jueces y fiscales. El Ministerio de Justicia no entiende esta demanda cuando el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 prevé la convocatoria de 500 puestos, "la mayor de los últimos 25 años", destaca Delgado en su mensaje.
REIVINDICACIONES PLANTEADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARA 2019
Es más, afirma que si las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez no recibe los apoyos necesarios para su aprobación, se prorrogarían automáticamente los de 2018 donde ya se fijan esas 300 plazas. En este sentido, sobre el debate generado por una errata en los presupuestos de este año en la que aparece que sólo se convocarían 100 plazas, la ministra ha vuelto a comunicar que el error se arreglará con una enmienda que presentará el grupo socialista.
Los presupuestos para 2019 también plantean el aumento de unidades judiciales, tal y como piden los jueces y fiscales, ha dicho Delgado, al tiempo que ha informado que está a la espera de un informe del órgano de gobierno a los jueces y otro de Hacienda en relación a las plazas de fiscales.
En cuanto a algunas de las cuestiones económicas, la titular de Justicia ha recordado que ahora mismo se encuentra vigente el acuerdo que alcanzó el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2018 con los sindicatos sobre un incremento salarial del 8,5 por ciento para toda la Función Pública en tres años, de la cual ya se están beneficiando jueces y fiscales. Según dice la carta, el actual equipo ministerial ha ofrecido además la posibilidad de estudiar un plan de mejora retributiva plurianual a partir de 2021.
Por último, sobre la paralización de la justicia digital, Delgado destaca que se han parado todas las actuaciones puestas en marcha hasta su llegada al Ministerio hasta que concluya la toma de contacto con los profesionales para conocer su opinión.
