El acuerdo alcanzado ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de los equipos de trabajo del Ministerio de Justicia y del CGPJ que en pocos meses han logrado avanzar en un instrumento clave para la medición y mejora de la gestión de los órganos judiciales que no se actualizaba desde el año 2003. En la tramitación del proceso se ha tenido también en cuenta la opinión de las comunidades autónomas.
A partir de ahora, la revisión de los criterios de entrada de asuntos se realizará cada cinco años o incluso antes, cuando concurran circunstancias especiales que lo justifiquen.
El establecimiento, por parte de ambos organismos, de los nuevos módulos de entrada de asuntos en los juzgados y tribunales ayudará a analizar la necesidad de creación de nuevas unidades judiciales y de adopción de medidas de refuerzo, con la incorporación, además, de criterios flexibles que van a permitir tener en cuenta las peculiaridades de los diferentes territorios distinguiendo entre zonas urbanas, rurales, empresariales o turísticas. Los nuevos criterios permitirán también estudiar el eventual establecimiento de medidas de excepción que aseguren una respuesta ágil ante las reclamaciones judiciales que afecten a un volumen importante de ciudadanos.
