MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto celebrar dos Plenos consecutivos antes de que finalice el año, la semana que ahora comienza y la siguiente, y en ellos se estudiarán los primeros recursos de amparo de la treintena que han presentado en los últimos meses los encausados por el 'procés' independentista que se sustancia en el Tribunal Supremo.
La decisión, según fuentes del tribunal de garantías consultadas por Europa Press, responde a la lógica del calendario de este órgano, que rechaza que el orden del día de su Sala plenaria se haya visto afectado por la huelga de hambre iniciada por cuatro de los procesados en prisión.
No obstante, ninguno de los recursos cuya tramitación se encuentra más avanzada y que se verán en los próximos días serán los referidos a la situación de prisión preventiva de los procesados, varios de los cuales que han pedido al TC que les excarcele mientras revisa si en su caso se ha producido vulneración de derechos fundamentales.
En este caso se encuentra el expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o los exconsejeros presos Josep Rull y Jordi Turull. Estos asuntos no está previsto que comiencen a deliberarse hasta el próximo enero, según fuentes del tribunal de garantías consultadas por Europa Press.
Los recursos concretos que tendrán sobre la mesa los magistrados del Constitucional en el Pleno que comenzará el próximo martes 11 serán los presentados por las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel -huída en Suiza- y Mireia Boya por vulneración de sus derechos fundamentales en la tramitación de la causa por parte del Tribunal Supremo.
Sus defensas también cuestionaron la falta de respuesta por este órgano del recurso que presentaron en su día por la falta la competencia del alto tribunal, al entender que este asunto corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Por otra parte, el TC prevé estudiar antes de que finalice el presente año el recurso presentado por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra la decisión del instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, de rechazar de plano la recusación que la exmandataria, procesada por rebelión, presentó contra él por considerarle imparcial para investigarla.
Simó y Boya recurrieron al TC después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitera el incidente de nulidad de actuaciones que presentaron contra determinadas decisiones de Llarena que esta las exparlamentarias considera que se adoptaron sin motivación suficiente.
LA SOMBRA DE MAZA
En su recurso plantean que existió una "falta de apariencia de imparcialidad objetiva" por parte del instructor de la causa porque el fiscal que firmó la querella contra el exGovern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament, el fallecido José Manuel Maza, "fue durante catorce años miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de su instrucción y enjuiciamiento" y a la que pertenece el juez Llarena. También mencionan en su recurso a Julián Sánchez Melgar, quien ha sido miembro de la misma hasta que fue elegido como sustituto de Maza en la Fiscalía General del Estado.
"Podemos entender que haber compartido Sala con una de las partes durante 9, 12 o 14 años es un supuesto equiparable a la amistad íntima del artículo 219.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porqué resulta evidente que la relación humana que se produce en esta situación puede comprometer la neutralidad del juzgador, o al menos resulta razonable pensarlo", insisten en su recurso al TC.
FALTA DE COMPETENCIA DEL SUPREMO
Las defensas de Simó y Boya afirman también en su recurso que el Supremo no puede llevar a cabo esta investigación porque es "perfectamente conocedora" de que existe una causa similar abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, así como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra personas aforadas -esta ha sido finalmente acumulada en el alto tribunal- que investigan los preparativos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Igualmente afirman que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y concretamente la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, había hecho declaraciones "atribuyendo al papel del ejecutivo el actual resultado de privación de libertad y exilio de los principales líderes independentistas".
A este respecto, el recurso ante el TC señala que "es lógico que declaraciones como estas, entre muchas otras, generen perplejidad en una sociedad que ya se muestra muy crítica con el funcionamiento de la cúpula judicial y su designación." Una percepción, añade, denunciada también en el informe GRECO del Consejo de Europa e incluso por los propios jueces que conforman la judicatura española mediante informes de algunas asociaciones de magistrados.
Por lo que respecta al recurso pendiente de Forcadell que podría resolverse también esta semana, fue presentado después de que el juez Llarena inadmitiera la recusación de la expresidenta del del Parlament al considerarla extemporánea y un fraude procesal. Tras ello, la exmandataria acudió en amparo al Tribunal Constitucional al entender esta decisión vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y al juez imparcial.
