BRUSELAS, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Le Pen, que formó parte del Parlamento Europeo entre 2009 y 2017, fue acusada de utilizar los fondos de la Cámara para el pago de asesores a temas de índole personal. En uno de los casos analizados, la excandidata presidencial francesa habría desviado de forma irregular más de 41.000 euros de fondos públicos para contratar a un guardaespaldas.
Le Pen confiaba en el Tribunal General de la UE para revertir la decisión adoptada por el secretario general del Parlamento Europeo, basada a su vez por una investigación de la oficina antifraude (OLAF), pero la segunda mayor instancia de la Justicia comunitaria ha rechazado sus argumentos.
La líder de Reagrupamiento Nacional denunciaba errores del proceso, abuso de poder, discriminación y falta de independencia de la OLAF, pero los jueces han determinado que las reivindicaciones planteadas carecían de fundamento legal. Le Pen deberá además asumir las costas de este proceso, según figura en la sentencia publicada este miércoles.
Con este fallo, son dos los golpes judiciales contra Le Pen en los últimos meses, puesto en el tribunal ya reiteró en junio otra decisión previa que ordenaba a la política gala abonar 300.000 euros por la contratación de otra persona como asistente personal. Le Pen aún puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
