MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Con aquel pronunciamiento, el tribunal de garantías con sede en Estrasburgo condenó a España a indemnizar a cada una de las cajeras con 4.500 euros en concepto de daños y perjuicios y pagar los costes del procedimiento, un fallo que el Estado recurrió consiguiendo, el pasado mes de mayo, que el caso fuese admitido a trámite para su revisión en la Gran Sala.
Se trata de un panel de 17 magistrados cuyas sentencias son firmes y que se reunirá en audiencia pública este miércoles para dirimir si como sentenció la primera instancia, la justicia española se equivocó al no hacer "un balance justo" entre el derecho de las trabajadoras a su privacidad el del empleador a proteger su propiedad.
Asimismo, establecerá si las mujeres debieron ser advertidas por el empleador de la colocación de las cámaras, algo que según la primera sentencia debió ocurrir para garantizar sus derechos atendiendo a la ley española de Protección de Datos.
