MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El tribunal declara "responsables contables directos" de los gastos de fondos públicos que generó la mencionada consulta, por lo que deben hacer frente al pago de los 4,9 millones de forma conjunta y solidaria. Fuentes de las defensas han confirmado a Europa Press su intención de recurrir esta sentencia.
Los magistrados otorgan a Artur Mas la principal responsabilidad, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso.
El exconsejero de Presidencia Francesc Homs debe responder por casi dos millones de euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta.
Por los medios informáticos también debe responder la exvicepresidenta Joana Ortega y el exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán. A Ortega, además, se le considera responsable de un gasto de 865.674 euros que conllevó además la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014. Estos dos últimos conceptos también se atribuyen a la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls.
Para los magistrados, Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza, fue responsables del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios. Todo ello por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria.
Jordi Vilajoana, quien fuera asesor del expresidente, y el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés también deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.
El Tribunal de Cuentas sentencia además al exdirector del DOGC Jaume Domingo por envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y a la exdirectora de Servicios de Presidencia Teresa Prohías por otro contrato en relación con la consulta, aunque no especifica cuál.
