MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Según afirman los magistrados, "si bien la crítica de las actuaciones judiciales es legítima y positiva en una sociedad democrática, siempre que se realice con respeto y ponderación, su descalificación general, especialmente cuando se efectúa por quienes ejercen cargos públicos, a la que en ocasiones se añade el propósito de desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático".
Esta es una de las conclusiones recogidas al término de este encuentro en el que los presidentes de los tribunales autonómicos han llamado "todos los poderes públicos" a asegurar los medios y recursos que el Poder Judicial necesita para cumplir con su deber, ya que, afirman, "la modernización y adecuada dotación de la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente" de la democracia española.
Asimismo, los magistrados se han unido en la reivindicación de que una disposición legal "vincule automáticamente la mejora de los derechos en la función pública a la Carrera Judicial". "Mientras tanto, para paliar esta situación, los Presidentes de los TSJ realizaremos una interpretación favorable de aquellos derechos cuyo reconocimiento está sujeto a nuestra decisión", han advertido.
"CRISIS DE EFICACIA" PARA LOS CONSUMIDORES
También encuentran carencias en la protección judicial de los derechos de los consumidores, que, según afirman, "se encuentra sumida en una crisis de eficacia por las dificultades en la gestión de los procesos en la jurisdicción civil, sustanciados en forma de litigios-masa". "Este fenómeno, que puede potencialmente producirse en cualquier jurisdicción, debe ser solucionado con medidas legislativas específicas", apuntan.
Por otra parte, destacan la necesidad de fortalecer el papel y los medios de las Oficinas de Comunicación, clarificar las competencias de los Secretarios de Gobierno sobre el personal adscrito a las Secretarías de Gobierno y reforzar la seguridad judicial electrónica, garantizando en todo caso la custodia y reserva de los datos.
"Los accesos a las sedes judiciales electrónicas para verificar la autenticidad e integridad de las resoluciones judiciales a través del Código Seguro de Verificación (CSV) deben incorporar un control de trazabilidad que permita identificar al usuario y comprobar la legítima finalidad del acceso", destacan.
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA VIDEOVIGILANCIA
Además, durante el encuentro han acordado que la utilización del auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba deberá ser excepcional y requerirá en todo caso su adopción por resolución motivada en la que se justifique la necesidad del exhorto y, en su caso, también la imposibilidad de su realización mediante videoconferencia.
Por último, llaman a una "reflexión profunda" en relación a la videovigilancia, para ponderar las exigencias de seguridad y las garantías de privacidad. "Como instrumento para contribuir a tal reflexión y mejorar la respuesta de dichas comisiones, dejamos constancia de la utilidad de crear una base de datos que recopile de forma sistemática los informes emitidos por las distintas comisiones territoriales", apuntan.
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