“La supresión de todos los aforamientos políticos en España llevaría el principio de igualdad de los españoles ante la ley del artículo 14 de la Constitución a un escenario verdadero en el siglo XXI y, al mismo tiempo, haría un llamamiento claro a la independencia del Poder Judicial, pilar básico del Estado”, porque supondría eliminar “un privilegio ya sin parangón en el ámbito europeo más cercano”, ha defendido la titular de Justicia, que ha recordado su condición de doble aforada como fiscal y como miembro del Gobierno.
La ministra ha defendido la necesidad de reducir el “excesivo” número de aforados y de “racionalizar” el régimen de aforamiento para limitarlo a los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo que se beneficia de esta excepcionalidad procesal. Pero Delgado también ha advertido de que el derecho a ser juzgado por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos si un cargo público resulta imputado en una causa criminal está previsto tanto en la Constitución como en otras normas de distinto rango.
La supresión de todos los aforamientos políticos de autoridades nacionales requiere una reforma constitucional, “no pareciendo que la coyuntura actual avale la apertura de un proceso de reforma como ése”, ha señalado la titular de Justicia, que ha añadido que eliminar todos los aforamientos políticos de autoridades no nacionales necesita arbitrar reformas plurales de los estatutos de autonomía que deben ser ratificadas por el Congreso. Y “la eventual supresión de los aforamientos, políticos o no, no va a afectar nunca a las condiciones de la inviolabilidad y la inmunidad, que seguirán presentes para todos los actores políticos como prerrogativas constitucionales y legales”, ha concluido.
Regeneración democrática
En su intervención ante el Pleno del Congreso, la ministra Delgado ha coincidido con su interpelante en que “la regeneración democrática se ha convertido en una demanda urgente de la sociedad durante los últimos años”. Y ha recordado que, en su primera comparecencia parlamentaria, el pasado mes de julio, anunció iniciativas como la introducción de mecanismos en transparencia en los procedimientos de selección de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial o de nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado, entre otras medidas.
En aquella comparecencia también expuso otras medidas específicas para potenciar la lucha contra la corrupción política y económica, como el impulso de una nueva ley integral de protección de testigos, la mejora de la defensa de los denunciantes de delitos de corrupción o la fijación de incentivos para que personas que hayan intervenido en este tipo de delitos lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes.
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